La utopía juvenil del 18 anticipó en medio siglo al «Mayo francés» de 1968 y otros movimientos juveniles de la década de 1960. A 107 años del movimiento estudiantil, recordamos la lucha por una universidad pública, plural, gratuita, cogobernada, laica, libre y de calidad.
“La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
La gesta estudiantil denominada Reforma Universitaria nació en Córdoba en marzo de 1918, cuando un grupo de jóvenes se levantó contra las estructuras conservadoras que consideraban alejadas de su época y del espíritu propio de la Universidad.
Fue entonces que iniciaron una huelga para hacer escuchar sus reclamos de un ingreso amplio a las casas de altos estudios, un sistema autónomo y democrático. Dos meses después, el presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, accedió a la demanda de los estudiantes, decidió la intervención de la Universidad de Córdoba para iniciar así un proceso de reforma que instauró la participación de los profesores en el gobierno universitario, terminando con el predominio de las academias integradas por miembros vitalicios.
Sin embargo, cuando se realizó la asamblea para la elección del rector, triunfó el sector más conservador, por eso los estudiantes desconocieron el resultado, se radicalizaron las protestas y se reforzó la idea de que era necesaria su participación en el gobierno universitario para garantizar cambios en la Universidad.
Hasta ese entonces, estos espacios de educación superior habían sido reservados exclusivamente para las elites y funcionaban como extensión de las estructuras conservadoras existentes. Nuestra Universidad era un claro ejemplo de esta realidad: su cuerpo estudiantil estaba integrado por 1.500 hombres, excluyendo a mujeres; las cátedras estaban caracterizadas por tener lineamientos eclesiásticos y distantes de la ciencia; y los profesores accedían a sus cargos por herencia y no por concurso, como sucede actualmente.
En este contexto, no podemos dejar de señalar que las universidades públicas de nuestro país atraviesan una etapa compleja, marcada por un fuerte desfinanciamiento y por políticas que atentan contra su desarrollo.
Frente a este escenario, la Reforma Universitaria vuelve a interpelarnos, recordándonos que la defensa activa de la educación superior como derecho es parte de una lucha que no pertenece al pasado, sino que se renueva cada día.