El borrador, atribuido al ministro Sturzenegger y al secretario de Educación, Carlos Torrendell , habilita la educación en el hogar y la enseñanza religiosa en escuelas estatales, revirtiendo las bases fundacionales del sistema nacional. Desde el ámbito educativo aseguran que la propuesta «escandalizaría a Domingo Faustino Sarmiento». También avanza sobre la autonomía universitaria y establece una concepción mercantilista de la educación. Se impulsará desde la narrativa demagógica vinculada al contexto de época de prometer «transferir a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos».
El presidente Javier Milei proyecta una reforma radical de «Libertad educativa» que busca desbancar a la Ley de Educación vigente, habilitando el homeschooling o educación hogareña, permitiendo la enseñanza religiosa en escuelas estatales y dando vía libre a que las instituciones diseñen sus propios planes de estudio.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se pronunció con firmeza contra el documento, cuya redacción se atribuye al Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y al secretario de Educación, Carlos Torrendell. La secretaria general, Sonia Alesso, cuestionó que el proyecto llevaría al sistema educativo argentino a una situación “anterior a la Ley 1.420, que es de 1884, y creo que escandalizaría a Domingo Faustino Sarmiento, porque las bases del sistema nacional, público, gratuito, son de esa época”.
El objetivo de fondo: Educación como «Servicio comercial»
La crítica más profunda apunta al cambio ideológico que subyace a la reforma. Los docentes aseguran que, detrás del «uso banalizado» de la libertad, el proyecto busca convertir la educación en un servicio comercial.
La oposición señaló que el proyecto “responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales”.
El proyecto ataca la autonomía universitaria y blinda los recortes
Según reveló LPO el «mamotreto» de 136 artículos, que contaría con el impulso de Paolo Rocca, dueño de Techint, busca barrer con la Ley de Educación Nacional (26.206) y busca transferir la toma de decisiones a las familias. Uno de los ataques más severos apuntan directamente a la autonomía de universidades como la UNER en Entre Ríos.
La reforma ataca el punto más sensible para la universidad pública: su financiamiento. El proyecto busca eliminar la protección presupuestaria que establece el actual Artículo 58 de la Ley de Educación Superior, el cual sostiene que “el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitari de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional”.
El texto de la reforma de Milei reemplaza esa garantía por una fórmula de financiamiento condicionada y centralizada que premiará la eficiencia de mercado y castigará el desarrollo de áreas que no sean consideradas «estratégicas». El artículo 128 del proyecto establece que:
“El aporte estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional, aplicando estos criterios para asignar montos incrementales”.
El ataque a la autonomía y la voz de la Corporación
El proyecto, cuya redacción se atribuye al ministro Federico Sturzenegger, también avanza sobre la autonomía pedagógica de las universidades, mediante definiciones rígidas sobre las actividades formativas «sincrónicas» y «asincrónicas». El propio funcionario que justificó la medida tuvo que admitir las limitaciones que impone: “Hablar de qué es cada cosa es limitar lo creativo que podría venir del propio sistema”.
El colectivo docente define la propuesta como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales».
Con la complicidad y el impulso de los mayores empresarios de la Argentina, la reforma busca imponer un modelo donde la educación superior deje de ser un derecho social garantizado y pase a ser un engranaje al servicio de las necesidades de las grandes corporaciones, sometiendo el conocimiento a la lógica del mercado.