La decisión del Gobierno nacional de desregular la vacunación animal ha encendido las alarmas en el sector agropecuario. La Federación Agraria Argentina (FAA) y la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) advirtieron que desarticular un sistema sanitario que ha funcionado durante décadas no solo pone en riesgo el estatus exportador de Argentina, sino que provocará pérdidas económicas directas estimadas en $18.000 millones de pesos al año.
Desde el sector ganadero y avícola coinciden en que la sanidad es un «capital colectivo». Mientras la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) urge un plan contra la influenza aviar, los productores de carne y leche ven con temor la modificación del esquema contra la fiebre aftosa, un pilar que garantizó el acceso de la carne argentina a los mercados más exigentes del mundo.
El peligro de las «pérdidas invisibles» y la caída del control
Para las entidades, el ahorro de costos que busca el Gobierno es una mirada de corto plazo que ignora la eficiencia productiva. Alan Wauters, presidente de Caprove, señaló que la falta de prevención impacta en la reproducción y genera mermas que hoy son críticas. En la lechería, por ejemplo, tras un 2025 récord con 11.618 millones de litros producidos, la falta de seguimiento sanitario podría frenar la expansión del sector.
El punto más crítico radica en el rol del Senasa. Matías Martiarena, director de la FAA y titular de la Fucofa, explicó que la nueva normativa restringe la capacidad de control territorial:
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Capacidad de respuesta: Ante una emergencia, ya no se podrán generar «anillos sanitarios» efectivos para contener brotes.
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Fiscalización: Es más simple controlar a 180 entes sanitarios organizados que a miles de vacunadores individuales dispersos.
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Costos para el pequeño productor: Mientras que un establecimiento grande puede negociar precios con privados, el productor pequeño con rodeos dispersos enfrentará costos logísticos mucho más elevados.
Un sistema solidario bajo amenaza
La conducción de la FAA, encabezada por Andrea Sarnari, remarcó que el éxito del sistema argentino se basó en una articulación público-privada sólida. Antes de la creación de los entes, existía un desfasaje alarmante entre las dosis producidas y las cabezas declaradas como vacunadas, una brecha que se cerró gracias al control estricto que hoy se intenta flexibilizar.
La advertencia de los productores es clara: el rol del Estado debe ser controlar los precios de los insumos y corregir desvíos comerciales, pero nunca debilitar las barreras sanitarias. En un mercado global que demandará cada vez más precisión y seguridad alimentaria hacia 2050, Argentina corre el riesgo de retroceder casilleros que le costó décadas conseguir.