La justicia entrerriana dio los primeros pasos procesales tras la trágica muerte de un hombre de 77 años que cayó de una unidad del transporte urbano. El juez de Garantías en Feria, Julián Vergara, dispuso una medida de 45 días de arresto domiciliario preventivo para Nicolás Hernández, el chofer de 40 años imputado por el hecho. El conductor, que pertenece a la empresa San José, enfrenta cargos por homicidio imprudente mientras la fiscalía investiga la presunta negligencia al retomar la marcha del vehículo sin haber constatado el descenso seguro de la víctima.
Detalles de la audiencia y la imputación
Durante la audiencia realizada este martes, se definieron los alcances de la restricción para el conductor bajo el requerimiento de la fiscal Paola Farinó. Nicolás Hernández optó por no prestar declaración ante el juez, asistido por su abogada defensora, quien no presentó oposición a la medida de arresto domiciliario. La hipótesis fiscal sostiene que el chofer habría iniciado la marcha de la unidad de manera prematura, lo que provocó que el pasajero de 77 años perdiera el equilibrio y sufriera las lesiones que finalmente le causaron la muerte.
Como parte del protocolo judicial, la Fiscalía aguarda actualmente los resultados de las pericias toxicológicas mediante los estudios de sangre y orina practicados al conductor tras el incidente. Estos resultados serán clave para determinar el estado psicofísico del trabajador al momento del siniestro y avanzar en la calificación legal de la causa.
Avances en la investigación
Mientras el imputado cumple la detención en su vivienda, la Justicia continúa recolectando elementos para reconstruir la mecánica del accidente a través de la toma de testimonios de pasajeros y testigos ocasionales. Además de las declaraciones, se analizan pericias técnicas sobre el estado de la unidad de transporte y las condiciones del lugar donde ocurrió el hecho para descartar otros factores incidentes.
Finalmente, se incorporarán al expediente los informes médicos detallados y la historia clínica que certifica las causas del fallecimiento del anciano tras su internación. La medida de 45 días impuesta por el magistrado busca asegurar que el acusado esté a derecho mientras se completa esta etapa de recolección de pruebas fundamentales para una eventual elevación de la causa a juicio.