En una resolución de fecha 24 de abril, la Justicia Federal dio un paso decisivo en la acción preventiva de daños ambientales impulsada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. La causa, que busca proteger el ecosistema del Río Uruguay ante el proyecto de la empresa HIF Uruguay, ha sumado hitos procesales clave. Al respecto, Michel señaló que: “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Río Uruguay. La causa ya cuenta con la intervención de la Defensora Pública Oficial, se designó un perito biólogo y se avanzó en el pedido de información a la CARU”.
Intervención de la Defensoría Pública y notificación a las partes
El proceso judicial ha integrado formalmente a la Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, María José Bonifacino. La funcionaria tomó intervención conforme al artículo 327 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual garantiza la representación legal en casos de urgencia. Asimismo, la Defensora solicitó que se notifique formalmente a las partes demandadas, tanto a la República Oriental del Uruguay como a la empresa HIF, utilizando canales institucionales como el consulado uruguayo o la propia Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Pericia técnica: Análisis de impacto ambiental en el Río Uruguay
Un avance sustancial en la etapa probatoria es la presentación de la perito bióloga Viviana Beatriz Cousté, profesional con antecedentes en causas de alta relevancia como el caso Matanza-Riachuelo. Cousté informó que: “la pericia encomendada se encuentra dentro de mi incumbencia profesional y que cuento con la idoneidad técnica para su realización”. Para cumplir con la pericia ambiental, la especialista detalló que “requiere la realización de tareas de campo in situ, comprendiendo relevamiento ambiental, identificación y validación de puntos de acceso, así como la toma de muestras de agua superficial para su posterior análisis fisicoquímico y microbiológico”.
Pedidos de informe y plazos para la CARU
En paralelo, la justicia mantiene en trámite los exhortos internacionales y el pedido de informes dirigido al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero. El organismo binacional deberá responder en un plazo de diez días hábiles si se ha comunicado oficialmente el proyecto de la planta de e-Combustibles y si la empresa HIF Uruguay ha presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo. Esta información es vital para determinar si se han respetado los protocolos de consulta y prevención entre ambas naciones.
Exigencia de soluciones estructurales y relocalización
Finalmente, el diputado Guillermo Michel reiteró la necesidad de abordar el conflicto con seriedad institucional, más allá de la exposición mediática. El legislador nacional señaló que “coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios”. Michel concluyó enfatizando que los vecinos de la zona requieren una solución definitiva: “que los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.