El Ministerio, a cargo de Sandra Pettovello, apeló la resolución que le exige garantizar la entrega de alimentos a comedores populares. Mientras tanto, el gobierno le retiró responsabilidades en el área de Cultura, reubicándolas bajo la órbita presidencial.
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, enfrenta una nueva batalla judicial tras apelar el fallo del juez Walter Lara Correa que ordena a la cartera retomar la entrega de alimentos a comedores y merenderos de todo el país, una obligación que, aseguran desde el ministerio, resulta una «intromisión» en decisiones del Poder Ejecutivo. En un giro sorprendente, la cartera difundió un comunicado celebrando el fallo, aunque la sentencia final establece que Capital Humano debe rendir informes mensuales sobre la distribución de alimentos y detallar quiénes acceden a este derecho.
El fallo de Lara Correa responde a un recurso colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes alertaron sobre el impacto de la interrupción de estos programas alimentarios. Desde Argentina Humana, el dirigente Juan Grabois cuestionó la apelación de Capital Humano. «Si ganaste, ¿por qué apelás la sentencia?», lanzó Grabois en redes, señalando una contradicción en la postura del ministerio.
En sus 16 páginas, la apelación califica la decisión de Lara Correa como «arbitraria» y critica que se le exija al ministerio emitir informes sobre políticas alimentarias vigentes, como el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, Alimentar Comunidad, y el Programa Abordaje Comunitario del PNUD. La defensa del ministerio, representada por el abogado Alejandro Migdalek, argumenta que exigir estos informes representa un exceso del Poder Judicial y una contradicción, pues asegura que los programas están vigentes, aunque miles de personas denuncian no recibir el soporte alimentario desde que comenzó el mandato de Javier Milei.
A pesar de que Capital Humano celebró la sentencia como un aval a sus políticas, la resolución de Lara Correa es clara al demandar un seguimiento estricto en la ejecución de los programas de alimentación. Además, el juez exige que la distribución sea “sin discriminación” y recordó que el derecho a la alimentación «no es un privilegio» sino una garantía de igualdad.
Uno de los puntos álgidos es la intermediación de la Fundación Conin, a cargo del médico Abel Albino, quien mantiene una postura restrictiva respecto a la alimentación de niños en situación de pobreza. El fallo establece que ningún espacio comunitario debe quedar excluido del sistema alimentario y desmiente que el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) sea una herramienta ineficaz, como lo interpretó Capital Humano.
En paralelo, el Gobierno emitió el Decreto 989/2024, que reestructura las funciones de Capital Humano, trasladando el área de Cultura bajo control presidencial. Desde ahora, la Secretaría de Cultura responderá directamente a la Presidencia, en un intento por «optimizar la gestión«, según explica el documento. La cartera a cargo de Pettovello quedará concentrada en educación, empleo y asistencia social, en una movida que limita sus áreas de actuación.
Mientras Capital Humano apela el fallo, el decreto presidencial redefine sus funciones en un contexto de ajuste presupuestario y tensión con las organizaciones sociales, dejando a Pettovello cada vez más lejos del poder con el que inició su mandato. La reestructuración busca impulsar una administración centralizada y cercana a la figura presidencial.
Fuente: Data Clave.