En medio de una escalada de precios que no da tregua al bolsillo de los trabajadores, la administración de Javier Milei dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para mayo de 2026. A través del Decreto 302/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se estableció un incremento del 0,5% en la carga tributaria que impactará de forma inmediata en los surtidores de todo el país, incluyendo las estaciones de servicio de Entre Ríos.
La normativa determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen durante todo el mes de mayo. De esta manera, el Ejecutivo continúa con su política de desdoblamiento, ya que difirió para junio el resto del ajuste pendiente correspondiente a los periodos 2024 y 2025.
El impacto en las pizarras: nafta y gasoil
La medida gubernamental tiene un correlato directo en el costo por litro que enfrentan los usuarios y el sector productivo. En el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el costo impositivo trepa $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono.
Por el lado del gasoil, el impacto es igualmente significativo para la logística y el transporte. El tributo sube $9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, a $5,019 en el tratamiento diferencial para regiones específicas y a $1,056 en el impuesto al dióxido de carbono. Si bien el ajuste rige en todo el país, mantiene aplicaciones diferenciales para las provincias patagónicas y zonas específicas de Buenos Aires y Mendoza.
Un sendero fiscal a costa del consumo
Para justificar la postergación de los incrementos remanentes hacia el mes de junio, el texto oficial argumentó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”. Esta decisión se da en un escenario de fuerte presión sobre los precios energéticos y una inflación que se viene acelerando en los últimos meses, golpeando la capacidad de consumo de los hogares entrerrianos.
La estrategia de la Casa Rosada busca evitar un impacto pleno y simultáneo en los surtidores, intentando atenuar el índice de precios al consumidor. Sin embargo, estas postergaciones ya han tenido un costo fiscal elevado: según estimaciones de la consultora Economía y Energía, las dilaciones dispuestas en 2025 implicaron una resignación de ingresos por US$2.326 millones.
En Entre Ríos, donde el costo del flete y el transporte de mercaderías es vital para la economía regional, cualquier variación en el precio de los combustibles se traslada rápidamente a las góndolas. Mientras el Gobierno nacional intenta equilibrar las cuentas públicas mediante la actualización de tributos, el sector privado y los trabajadores ven cómo se achican sus márgenes en una economía que, lejos de estimularse, sigue dando señales de alerta por la caída del consumo y el aumento sostenido de los costos fijos.