En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó definitivamente la flexibilización de la Ley de Glaciares. El Gobierno de Javier Milei logró imponer su agenda con 137 votos afirmativos, frente a 111 negativos y 3 abstenciones. La votación de los legisladores nacionales por Entre Ríos fue determinante y reflejó una grieta profunda entre el oficialismo y la oposición respecto a la preservación de los recursos naturales.
El bloque del «Sí»: Desregulación y flexibilización de la protección
Cinco de los nueve representantes entrerrianos acompañaron la iniciativa oficialista, alineándose con la postura de habilitar una mayor actividad industrial en zonas antes protegidas. Los diputados que responden a Rogelio Frigerio y a Javier Milei, Beltrán Benedit, Andrés Ariel Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider y Francisco Morchio votaron a favor de los cambios en los parámetros de protección ambiental.
Esta reforma introduce modificaciones técnicas en la definición de las áreas protegidas y permite la minería en el área periglacial. A su vez, le da mayor poder a las provincias para decidir que zonas deben ser resguardadas.
El bloque del «No»: Defensa del agua
En la vereda opuesta, los cuatro diputados del peronismo entrerriano mantuvieron una posición unificada de rechazo. Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Guillermo Michel votaron en contra de la reforma, advirtiendo que los cambios legislativos ponen en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país.
Los legisladores opositores sostuvieron que la flexibilización de los controles ambientales responde a una presión directa de las corporaciones mineras y que la sanción «exprés» no contempló adecuadamente los informes científicos que alertan sobre el retroceso de las masas de hielo. En este sentido, la bancada peronista entrerriana se sumó a las voces de organizaciones ambientalistas que denunciaron la falta de licencia social para avanzar sobre ecosistemas frágiles.
Un nuevo escenario para los presupuestos mínimos
Con la sanción de esta ley, el país entra en una nueva etapa en materia de derecho ambiental. La reforma redefine qué se considera un glaciar protegido y bajo qué condiciones se puede intervenir en el ambiente periglacial. Mientras el oficialismo celebra la aprobación como un paso hacia la desregulación económica, diversos sectores anticipan que la aplicación de la norma podría derivar en una judicialización masiva, dado que afecta principios constitucionales de presupuestos mínimos para la protección del entorno.
La votación dejó en evidencia que, incluso en una provincia sin actividad minera directa como Entre Ríos, la discusión sobre la Ley de Glaciares se leyó en clave de soberanía hídrica y modelo extractivo, dividiendo aguas de manera tajante entre quienes priorizan la rentabilidad inmediata y quienes exigen la preservación de las cuencas que alimentan al país.