El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro dictó una sentencia ejemplar contra el exfiscal Washington Palacios, dos abogados y un testigo, tras comprobarse una maniobra delictiva diseñada para beneficiar al prefecto que asaltó la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini en 2013. La resolución judicial pone fin a una trama de corrupción judicial que intentó invalidar la investigación original mediante la fabricación de testimonios y evidencias apócrifas.
El origen de la causa y la operación de impunidad
El conflicto se remonta a la madrugada del 21 de julio de 2013, cuando el agente de inteligencia de la Prefectura, Alcides Gorgonio Díaz, irrumpió violentamente en el domicilio familiar en Tigre. Tras ser capturado y condenado a trece años de prisión, se activó una estrategia paralela entre fines de 2014 y principios de 2015 para socavar el fallo. El exfiscal Palacios, junto a los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español, coordinaron un plan para instalar un relato alternativo basado en falsos testimonios que sugerían irregularidades en los allanamientos originales.
La justicia determinó que los implicados intentaron sembrar dudas sobre el dinero secuestrado y la presencia de personas desconocidas en la escena del crimen, versiones que nunca pudieron ser probadas. Tras conocerse el veredicto, Malena Galmarini se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: «Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS». La ex funcionaria subrayó que la sentencia marca el cierre de 13 años de operaciones y ventajas políticas.
Sentencias efectivas y el rol de la política
El tribunal impuso penas de cumplimiento efectivo que reflejan la gravedad institucional del hecho. El principal responsable, el exmiembro del Ministerio Público Washington Palacios, recibió una condena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, los abogados Pérez Bodria y Español fueron sentenciados a cinco años de prisión, mientras que el testigo César Emiliano Jaunarena recibió una pena de cuatro años. Al momento de la lectura del fallo, los acusados protagonizaron incidentes y gritos dentro de la sala, evidenciando la tensión del proceso.
Un dato relevante que surge de la investigación es el vínculo político de los condenados. Tomás Pérez Bodria es un dirigente vinculado históricamente a Elisa Carrió, quien en su momento defendió públicamente al fiscal Palacios durante el jurado de enjuiciamiento que terminó en su destitución en 2019. Desde el entorno del exministro de Economía adelantaron que iniciarán acciones legales contra la líder de la Coalición Cívica por su presunta participación en el andamiaje que buscó garantizar la impunidad del asaltante.
El mecanismo del fraude y la gravedad institucional
El plan criminal quedó al descubierto gracias a la acumulación de pruebas técnicas y cruces telefónicos que confirmaron la maniobra deliberada para desviar la investigación. El mecanismo consistió en utilizar una denuncia por amenazas como «puerta de entrada» para reabrir el caso y forzar la declaración de testigos que modificaran sus versiones originales bajo presión o acuerdo previo. El objetivo final era mejorar la situación procesal de Díaz y permitirle eludir la acción de la justicia.
En su veredicto, el magistrado destacó que el caso representa una herida profunda al sistema democrático, ya que un funcionario con el rango de fiscal utilizó los recursos del Estado para participar de un acuerdo ilícito. Esta condena firme —sujeta a las instancias de apelación— es vista por la querella como un precedente vital para demostrar que en el ámbito judicial bonaerense no todo está permitido cuando se trata de perseguir fines políticos a través del delito.