El conflicto laboral en el Puerto de Concepción del Uruguay ha alcanzado una nueva dimensión tras el cruce público entre la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) y el administrador del Ente Portuario, Marcos Di Giuseppe. Marcelo Osores, secretario general de la federación, cuestionó la imparcialidad del funcionario y denunció un esquema de precarización extrema que afecta a los trabajadores locales.
El rol de la autoridad portuaria en debate
Tras las recientes declaraciones radiales de Di Giuseppe, en las que refirió que el conflicto que es de carácter «inter-gremial» y justificó la denuncia penal contra los trabajadores por la obstrucción operativa, Osores salió al cruce denunciando que el administrador ha abandonado su rol de árbitro estatal: «Marcos Di Giuseppe debería informar lo que dice la ley y el Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo, donde está claramente establecido que la representación de los estibadores en Concepción del Uruguay corresponde al SUPA local».
En esa misma línea, el dirigente gremial fue contundente respecto al alineamiento del funcionario con el sector privado: «Lo que hace el administrador portuario es replicar lo que le dice la empresa, usa exactamente los mismos argumentos para desligarla de sus obligaciones». Según la FEPA, esta postura «termina avalando prácticas que rozan la esclavitud, con jornales que llegan apenas al 30% de lo que se paga en otros puertos del país».
La defensa de la mano de obra local
Uno de los puntos más álgidos es la supuesta contratación de personal externo para desplazar a los estibadores de la ciudad. Osores desestimó que el conflicto sea una interna entre trabajadores: «No vinimos a quitarle el trabajo a nadie, vinimos a defender a los trabajadores locales. El SUPA Concepción del Uruguay está integrado plenamente por estibadores del puerto, no por dirigentes de afuera».
El quiebre del equilibrio institucional
Desde la federación advirtieron que un puerto operativo requiere de un equilibrio que hoy consideran roto. Osores detalló que un sistema sano se basa en tres pilares: «el sector empresario, el sector gremial y el rol equilibrador del Estado a través de las autoridades políticas del puerto». Sin embargo, señaló que «cuando la autoridad portuaria actúa como vocero de la empresa y no como garante del orden laboral», se habilita la vulneración sistemática de derechos.
La denuncia por la «nómina oculta»: Los estibadores afirman que la administración se niega a entregar el listado del personal que opera en la terminal. Sostienen que en esa información «quedaría en evidencia la presencia de trabajadores traídos desde Zárate y la zona, contratados en condiciones de explotación».
Hacia una Marcha Federal
Ante lo que definen como una «ofensiva sobre los derechos de los trabajadores bajo el amparo del silencio político», la FEPA anunció que trasladará el reclamo a nivel provincial con una marcha federal en Entre Ríos. La movilización buscará denunciar la precarización y exigir que se respete la representatividad gremial legítima en todas las terminales fluviales de la provincia.
Cronología de un conflicto en ascenso
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Domingo 25/01: Inicio de un paro total de actividades contra la empresa Urcel Argentina SA por falta de reconocimiento sindical.
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Lunes 26/01: Violenta represión policial en los accesos al puerto con gases y balas de goma. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles.
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Lunes 02/02: Di Giuseppe declaró a Radio Plaza . La FEPA respondió anunciando una marcha federal.
El rol del Estado bajo la lupa
Para los trabajadores, el ocultamiento de la nómina del personal por parte de la administración portuaria es una maniobra para encubrir contrataciones irregulares. Marcelo Osores fue tajante al señalar la ruptura del equilibrio institucional:
«Cuando la autoridad portuaria actúa como vocero de la empresa y no como garante del orden laboral, termina avalando prácticas que rozan la esclavitud, con jornales que llegan apenas al 30% de lo que se paga en otros puertos del país», denunció el dirigente gremial.
Hacia una Marcha Federal
Ante lo que consideran una «complicidad política» entre el administrador Di Giuseppe y la Federación Marítima Portuaria (FeMPINRA) —acusada de avalar el atropello a los estibadores locales—, la FEPA confirmó que realizará una marcha federal en Entre Ríos.
La medida busca visibilizar el conflicto antes de la audiencia de conciliación clave, programada para el próximo martes 10 de febrero en Paraná, donde se intentará destrabar la situación que mantiene en vilo la operativa de carga de exportación de la provincia.