Un hecho que evidencia la extrema crisis salarial y laboral ocurrió en la zona oeste de Rosario, cuando un hombre de 36 años tomó la drástica decisión de rociarse con combustible y prenderse fuego frente a una empresa ubicada en Avenida Provincias Unidas al 3200. El hombre, que se desempeñaba como vigilador tercerizado, reclamaba el pago de haberes adeudados desde hacía meses. «No quiero 500 mil pesos, quiero toda mi plata» exclamó antes de rociarse combustible e iniciar el fuego.
El episodio se desencadenó cerca de las 12:00 hs, cuando se activó la alarma de la firma. Al llegar los móviles policiales, los empleados advirtieron que el hombre se había atrincherado en una garita de seguridad con un bidón de nafta y un encendedor, manifestando su desesperación por la falta de respuestas a sus reclamos económicos.
El desenlace y el operativo de emergencia
A pesar de los intentos de mediación por parte del personal policial para que depusiera su actitud, el hombre se roció con el combustible y accionó el encendedor dentro del habitáculo. El fuego fue sofocado rápidamente por los presentes utilizando extintores de polvo químico, mientras se aguardaba la llegada de los Bomberos Zapadores y las unidades del SIES.
El trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Si bien ingresó con signos vitales, presenta quemaduras de gravedad en gran parte de su cuerpo y su pronóstico es reservado.
Durante las maniobras para intentar rescatar al hombre y contener las llamas, tres policías resultaron con quemaduras leves en brazos y manos, recibiendo asistencia médica en el lugar.
Contexto de conflicto laboral
Según la reconstrucción oficial, el hombre no pertenecía a la planta permanente de la empresa, sino que prestaba servicios a través de una agencia de seguridad tercerizada. Su reclamo se centraba en una «mora sostenida» en sus pagos, situación que lo habría llevado a este estado de alteración emocional.
Este suceso pone de manifiesto la cara más dramática de la precarización laboral y la crisis económica, en un contexto donde los conflictos por deudas salariales se han multiplicado en la región. La Fiscalía en turno ya interviene en el caso para determinar las responsabilidades de la empresa contratante y la prestadora de servicios de seguridad en el marco del reclamo del trabajador.