La tensión en el sector yerbatero de Misiones alcanzó un punto de ebullición este martes. Bajo la consigna “El Estado es responsable”, productores, contratistas y tareferos profundizaron las medidas de fuerza con cortes de ruta en puntos estratégicos como San Vicente, Campo Grande y Dos de Mayo. La protesta, que incluyó la quema de «raídos» (bolsas de hoja verde) a la vera del camino, apunta directamente a la crisis de rentabilidad generada tras la desregulación del mercado yerbatero impuesta por el Gobierno nacional a fines de 2023.
El conflicto se centra en la pérdida de facultades de regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), lo que dejó el precio de la materia prima a merced del libre mercado. En este escenario, los productores denuncian que la industria paga valores que no cubren los costos mínimos de producción, poniendo en riesgo el inicio de la cosecha gruesa y el sustento de miles de familias rurales.
La brecha de la rentabilidad: El costo de producir vs. el precio de mercado
El reclamo yerbatero expone una distorsión económica insostenible para el eslabón más débil de la cadena. Mientras los costos de los insumos y el combustible no dejan de subir, el valor que recibe el productor por su trabajo se ha estancado, generando un efecto dominó que golpea incluso al tarefero (cosechero), quien ve imposibilitada cualquier mejora salarial.
Para entender la magnitud del ajuste que sufre el sector, basta observar la brecha de precios: mientras el sector estima que el kilo de hoja verde debería rondar los $510 para ser rentable, actualmente se está pagando cerca de $250. Esta diferencia del 50% representa una transferencia directa de recursos desde el pequeño colono hacia los grandes molinos industriales.
Un conflicto con múltiples frentes y tensión judicial
La protesta no es uniforme, pero el malestar es generalizado. En la zona centro de Misiones, varios secaderos debieron suspender el acopio debido a los cortes intermitentes que impiden el traslado de las cuadrillas y la materia prima. Sin embargo, la respuesta estatal no se hizo esperar: el juez federal de Oberá ordenó la intervención de Gendarmería Nacional para liberar la Ruta Nacional 14, bajo amenaza de iniciar causas penales contra los manifestantes.
Desde las asociaciones de productores, las posturas están divididas. Algunos sectores, como Impulso Yerbatero, prefieren la vía judicial para cuestionar la constitucionalidad de la desregulación, argumentando que la eliminación de las herramientas de fijación de precios destruye la economía regional.