La citación a indagatoria de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino ha colocado al juez Diego Alejandro Amarante en el epicentro de un conflicto entre la AFA y el gobierno nacional. Al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, Amarante dictó la prohibición de salida del país para la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, una medida que los clubes interpretan como una herramienta de presión política y que derivó en un cese de actividades histórico en todas las categorías.
Un perfil marcado por la severidad y los vínculos familiares
Amarante no es un recién llegado a los tribunales federales. Con 51 años y una carrera iniciada en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se desempeñó durante quince años —primero como empleado y luego como relator del ex camarista Eduardo Riggi—, alcanzó su cargo actual en diciembre de 2014. Quienes transitan los pasillos judiciales le adjudican un perfil pragmático y una marcada inclinación por las decisiones de carácter severo.
Sin embargo, su historial personal también arroja datos que hoy cobran relevancia pública. Hijo de un militar, su primera intervención de alto perfil ocurrió cuando ejerció la defensa técnica de su propio padre en una causa por violaciones a los derechos humanos durante los primeros años del kirchnerismo. Aquel proceso concluyó con el sobreseimiento del imputado, marcando un antecedente de fuerte compromiso con su núcleo de origen.
El rol de ARCA y las aspiraciones en la Cámara de Casación
La causa que hoy mantiene en vilo al deporte nacional se basa en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta omisión de retenciones superior a los 19.350 millones de pesos. A pesar de que la AFA sostiene que no existe deuda exigible y que la discusión administrativa aún se tramita en la Cámara de Apelaciones, Amarante avanzó con medidas restrictivas fundamentadas en la «gravedad de la pena en expectativa».
En los pasillos de Tribunales se vincula este activismo judicial con las aspiraciones profesionales del magistrado. Actualmente, Amarante participa del concurso 475 para cubrir vacantes en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En este sentido, diversas fuentes señalan que Andrés Vázquez, titular de ARCA, cumpliría un papel clave en apuntalar esa meta dentro de su carrera judicial.
Sombras judiciales: Menciones en causas de cohecho
Más allá del conflicto con el fútbol, el nombre de Diego Amarante aparece en otros expedientes que generan ruido en el Poder Judicial. En la investigación que involucra al juez federal rosarino Gastón Salmain —procesado por presunto cohecho y prevaricato— surgieron referencias a una relación entre ambos magistrados en conversaciones telefónicas incorporadas al expediente.
Asimismo, la justicia analiza el uso de líneas telefónicas que no estarían registradas a su nombre para determinadas comunicaciones. Estos aspectos, que forman parte de actuaciones en curso y aún no tienen resolución definitiva, incrementan la exposición de un juez cuya actuación hoy excede lo jurídico para proyectarse directamente sobre el tablero del poder político y el sentimiento popular de los hinchas en todo el país.