El Gobierno nacional oficializó este domingo el desplazamiento de Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura bajo la órbita del Ministerio de Economía. La decisión, impulsada directamente por el ministro Luis Caputo, responde al escándalo desatado tras confirmarse que el funcionario no incluyó siete departamentos de su propiedad en Miami en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El impacto de la omisión patrimonial
La salida de Frugoni se precipitó luego de que el propio funcionario admitiera públicamente el «error» en su documentación oficial. Aunque intentó justificar la situación alegando que se encontraba en proceso de rectificación por su reciente ingreso a la función pública, la gravedad de la omisión —bienes inmuebles en el exterior de alto valor de mercado— resultó insostenible para el discurso de transparencia que intenta proyectar la cartera económica.
«Cometí un error. Me equivoqué», había declarado Frugoni días atrás, intentando aplacar una polémica que ya había escalado en los principales medios nacionales. Sin embargo, la presión política y la necesidad de dar una señal interna de rigor llevaron a Caputo a solicitarle la renuncia de forma inmediata para cerrar el foco de conflicto.
Dudas sobre el origen y los controles internos
El caso de los departamentos en Miami no declarados reabrió el debate sobre la eficacia de los controles internos en la designación de funcionarios de alto rango. Si bien Frugoni sostuvo que tributaba por dichos bienes en los Estados Unidos, la falta de transparencia en el ámbito local generó una ola de cuestionamientos desde diversos sectores políticos, que exigieron explicaciones más profundas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir dichas propiedades.
La salida del secretario de Coordinación de Infraestructura busca blindar al Ministerio de Economía de posibles derivaciones judiciales y mediáticas. No obstante, el episodio deja al descubierto las vulnerabilidades en el proceso de fiscalización patrimonial de quienes ocupan sillas estratégicas en la gestión de la obra pública y el transporte nacional.