En un intento por disciplinar las expectativas de precios tras el 2,9% de inflación en febrero, el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, bajó una orden estricta a la Secretaría de Trabajo: no se homologará ningún acuerdo salarial que supere el 2% mensual. Esta medida funciona como un «corsé» para las negociaciones colectivas, ya que sin la validación oficial (homologación), muchas empresas se niegan a liquidar los aumentos.
La estrategia oficial logró un hito clave con la firma de Camioneros. El gremio liderado por Hugo Moyano, históricamente combativo, aceptó un esquema de subas decrecientes que arranca en un 2% para marzo y desciende hasta el 1,5% en agosto. Este acuerdo, que se extiende por seis meses, es visto por la Casa Rosada como el «caso testigo» para que el resto de las actividades sigan el mismo sendero de moderación.
Gremios alineados y conflictos en puerta
La pauta oficial ya comenzó a derramar en otros sectores clave del empleo público y privado. Sin embargo, la rigidez de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, ya está generando trabas en actividades donde el desfasaje con la inflación es crítico.
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Estatales (UPCN): Andrés Rodríguez firmó un acuerdo que respeta el techo oficial: 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, sumado a un bono de $40.000 para compensar los meses previos sin aumento.
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Gastronómicos: Luis Barrionuevo enfrenta un bloqueo. Trabajo se negó a homologar una suma no remunerativa de $78.000 para trabajadores de comedores, argumentando que equivalía a una suba de 8 puntos, muy por encima del límite permitido.
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Alimentación: El gremio de Héctor Morcillo desafió la pauta con un acuerdo del 2,4% mensual promedio hasta abril. Existe incertidumbre sobre su homologación, aunque el sindicato confía en que las grandes empresas paguen de todos modos, como ocurrió en 2025.
El impacto en la construcción y el comercio
La presión sobre las paritarias se traslada ahora a los sectores con mayor volumen de trabajadores. En la UOCRA (Construcción), Gerardo Martínez busca mantener negociaciones mes a mes para evitar que el techo del 2% licue el poder adquisitivo ante una inflación que interanualmente viaja al 33,1%.
Por su parte, el gremio de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, iniciará conversaciones el próximo mes. La postura patronal en la mayoría de las cámaras es unánime: sin homologación no hay pago. Las empresas advierten que necesitan el acto administrativo oficial para poder trasladar los mayores costos laborales a sus precios de venta o para cumplir con contratos de provisión estatal y privada.
La situación financiera de las obras sociales
Un factor que explica la «docilidad» de algunos gremios de peso, como Camioneros, es la crisis terminal de sus obras sociales. El acuerdo de Moyano incluyó un aporte extraordinario de $25.000 por trabajador destinado a la cobertura de salud de la federación. Aunque la cifra total apenas roza los 3 millones de dólares frente a una deuda prestacional que superaría los 20 millones, el ingreso de caja fresca actúa como un alivio inmediato para una estructura al borde del colapso financiero.