El gobierno de Entre Ríos ha decidido endurecer su postura frente a la ola de amenazas en escuelas que afecta a la provincia. En una medida que busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los adultos, se anunció el inicio de acciones legales para que los padres o tutores de los alumnos identificados afronten con su patrimonio los costos de los despliegues de seguridad. La decisión se tomó tras confirmar que el gasto para las arcas públicas ya supera cifras millonarias en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.
Un frente común ante la alarma pública
La determinación surgió de un encuentro interministerial de alto nivel que reunió a los principales actores del sistema educativo, policial y judicial. De la reunión participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el jefe de Policía de la provincia, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto.
El eje del debate fue la necesidad de encontrar mecanismos de sanción que trasciendan lo escolar. Ante la imposibilidad de aplicar penas de prisión a menores en muchos de estos casos, las autoridades evaluaron la aplicación de sanciones económicas bajo el concepto de reparación civil por los daños ocasionados al erario público.
Responsabilidad civil de los adultos y daño patrimonial
Desde el Ejecutivo provincial fueron taxativos al señalar que el Estado no puede seguir absorbiendo el costo de conductas que calificaron como irresponsables. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad por los hechos de los menores recae directamente sobre sus progenitores o responsables legales.
Sobre este punto, las autoridades expresaron que: «Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el estado no tiene por qué absorber».
Por este motivo, la provincia iniciará acciones judiciales para exigir el pago de los costos a las familias de los estudiantes que ya han sido identificados por la inteligencia tecnológica de la policía en diversas causas locales.
Operativos que superan los 250 millones de pesos
El impacto económico de estas falsas alarmas es devastador para una provincia que defiende sus recursos frente a las políticas de ajuste nacional. Según los datos aportados en la mesa de seguimiento, los operativos de seguridad desplegados hasta el momento ya generaron gastos que superaron los 250 millones de pesos.
Este monto se desglosa en varios puntos críticos: Movilización de patrulleros y brigadas especializadas en explosivos, despliegue de logística y tecnología de rastreo, pago de horas de trabajo del personal policial que debió ser retirado de la prevención del delito común y afectación directa a la seguridad pública al desviar recursos de zonas críticas para atender falsas amenazas.
Desde la mesa de seguimiento, en la que también participó el Copnaf, se hizo un llamado urgente a las familias para que asuman un rol activo en la supervisión de los dispositivos digitales de los menores. Al respecto, las autoridades concluyeron de forma contundente:
«No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real».