En el tramo final de sus facultades delegadas, el gobierno de Javier Milei avanzará por decreto con una reestructuración profunda del esquema vial nacional: disolverá la Dirección Nacional de Vialidad, eliminará la Agencia Nacional de Seguridad Vial y pondrá en concesión 9.120 kilómetros de rutas nacionales. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sentenció: “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”.
Con la disolución de Vialidad, 5.184 trabajadores quedarían bajo revisión: más de mil en la Casa Central y más de cuatro mil distribuidos en los 24 distritos viales. El impacto laboral y estructural no fue detallado por el Gobierno, que solo adelantó que se buscará “eficientizar” la gestión vial mediante concesiones y participación privada.
Pero el anuncio, lejos de traer claridad, abre una fuerte incertidumbre para las provincias. En Entre Ríos, donde existen múltiples rutas nacionales deterioradas y obras paralizadas desde hace meses, las autoridades reclaman definiciones.
La situación de las rutas nacionales en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio ya había expresado su preocupación ante el plan de privatización. Según advierten desde la Casa Gris, varios tramos clave de la red vial no son atractivos para el capital privado debido a su bajo nivel de tránsito. “No podemos depender exclusivamente de la rentabilidad para resolver problemas de conectividad que afectan a miles de entrerrianos y al sistema productivo regional”, manifestaron desde su entorno.
En ese contexto, el diputado justicialista Enrique Cresto presentó en mayo un proyecto de declaración en la Cámara baja para declarar la emergencia vial de la Ruta Nacional 18, que conecta Paraná con Concordia. La iniciativa apunta a que el Congreso reconozca el “estado de total y absoluto abandono” de esta arteria estratégica y habilite acciones urgentes para garantizar la seguridad vial y la continuidad de las obras paralizadas.
“La Ruta 18 articula el eje este-oeste de la provincia, uniendo los departamentos Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Su estado actual es inaceptable: sectores intransitables, pozos, banquinas descalzadas, falta de iluminación y demarcación”, advirtió Cresto. “Es una ruta de altísimo riesgo, y ya lamentamos numerosas víctimas por siniestros evitables”, añadió.
Un plan sin federalismo
Pese a la magnitud del anuncio, el Ejecutivo no presentó aún un plan alternativo para las rutas con baja rentabilidad ni mecanismos para garantizar la seguridad y el mantenimiento en regiones como el Litoral, el NOA o la Patagonia. El riesgo, según advierten especialistas y funcionarios locales, es repetir los errores de los noventa: fragmentación, desigualdad y abandono en las rutas que no sean “rentables” para el mercado.
Mientras tanto, la Ruta 18 sigue rota, la 12 y la 14 muestran tramos colapsados, y la promesa de federalismo queda, otra vez, a merced del ajuste.