En una nueva muestra de su política de ajuste fiscal, el Poder Ejecutivo envió al Senado la denominada Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. El proyecto, impulsado por la Secretaría de Discapacidad, busca ser una herramienta de reestructuración profunda destinada a achicar el padrón de beneficiarios. Bajo la excusa de combatir irregularidades, la normativa establece mecanismos de fiscalización que ponen en riesgo la continuidad del sustento de miles de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa marca un cambio de paradigma donde la sostenibilidad de la caja pública se antepone a la protección social. Mediante la imposición de requisitos técnicos de difícil cumplimiento para los sectores más postergados, el Gobierno centraliza el control y dota a la autoridad de aplicación de facultades extraordinarias para suspender beneficios de manera discrecional.
Los 5 pilares del ajuste en el sistema de pensiones
El proyecto oficialista articula una serie de barreras administrativas que, en la práctica, funcionan como un filtro para reducir el gasto estatal en seguridad social.
1. Reempadronamiento obligatorio bajo amenaza de suspensión La Secretaría de Discapacidad exigirá a todos los titulares actualizar sus datos médicos y socioeconómicos en un plazo de apenas 90 días. Se trata de una medida que ignora las dificultades de movilidad y conectividad de muchos beneficiarios; sin embargo, la ley es implacable: quien no cumpla con el trámite en tiempo y forma sufrirá la suspensión automática del pago, dejando a la persona sin su único ingreso mientras dure la burocracia de la rehabilitación.
2. Auditorías y cruce de datos como mecanismo de exclusión Para sustentar el recorte, se implementará un sistema de auditorías que cruzará información con ANSES y ARCA. Este mecanismo permitirá al Estado dictar suspensiones preventivas ante cualquier «inconsistencia», una figura ambigua que permite cuestionar la invalidez laboral basándose en criterios patrimoniales rígidos que no siempre reflejan la realidad de una persona con discapacidad.
3. El fin del derecho al trabajo: Incompatibilidad total Quizás el punto más regresivo del proyecto es la prohibición de trabajar de manera registrada. Mientras que la ley anterior fomentaba la inserción laboral siempre que el sueldo no excediera dos salarios mínimos, la nueva normativa declara la incompatibilidad total. Esto obliga a los beneficiarios a elegir entre una pensión de miseria o la precariedad del empleo informal, ya que acceder a un empleo en blanco significará la pérdida inmediata de la asistencia, desincentivando cualquier intento de integración social genuina.
4. Estandarización a la baja y quita de adicionales Bajo la premisa de «eliminar distorsiones», el Gobierno suprimirá los aumentos por zona geográfica desfavorable y los plus por grados específicos de invalidez. Esta estandarización no es más que un recorte encubierto para los habitantes de regiones con mayor costo de vida, fijando el haber en un 70% de la jubilación mínima sin contemplar las necesidades particulares de cada tratamiento o entorno.
5. Desfinanciamiento de las prestaciones médicas La reforma también golpea a los prestadores y, por carácter transitivo, a los pacientes. Se elimina la obligación de actualizar los aranceles médicos según la movilidad jubilatoria, dejando la asignación de fondos a la discrecionalidad del Tesoro. Esto implica que el pago por terapias y rehabilitación quedará sujeto a la «disponibilidad de caja», lo que augura una caída estrecha en la calidad de los servicios y mayores demoras en los turnos médicos.
Un paradigma de sospecha sobre el beneficiario
Acompañando estos cambios, el Gobierno incluyó una reforma a la Ley de Salud Mental que amplía la intervención estatal en términos de control. En conjunto, estas medidas configuran un escenario de persecución administrativa sobre el colectivo de personas con discapacidad, priorizando el equilibrio de las cuentas públicas por encima de los derechos humanos y la dignidad de los sectores más desprotegidos del país.