El oficialismo aceleró las gestiones para tratar la la flexibilización de la Ley 26.639 (Ley de Glaciares), el último gran proyecto pendiente de las sesiones extraordinarias. Con la media sanción del Senado obtenida el pasado 26 de febrero, el Gobierno apunta a emitir dictamen de comisión este martes y llevar el texto, que desregula las actividades mineras en la zona periglacial, al recinto al día siguiente.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales fue convocado para este martes 7 de abril a las 14:00. Allí se recibirá a un grupo de invitados especiales en calidad de expositores antes de proceder a la firma del dictamen que habilitará el debate final en la Cámara baja.
El eje del conflicto: Redefinición y poder provincial
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de gobernadores de provincias cordilleranas, propone cambios estructurales en la protección de los hielos estratégicos. El núcleo de la reforma busca redefinir técnicamente qué se considera glaciar y ambiente periglacial, otorgando a las provincias la potestad de decidir, mediante sus propios estudios, qué áreas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.
Esta descentralización de los criterios de protección es el punto que mayor resistencia genera en los sectores ambientales y científicos. Mientras los defensores del proyecto sostienen que se busca «armonizar» la normativa para permitir inversiones en megaminería, los opositores advierten sobre la fragmentación de los estándares ambientales y la posible desprotección de reservas hídricas fundamentales en un contexto de crisis climática.
Audiencia pública y presión social
El avance legislativo se produce tras una maratónica audiencia pública que dejó un saldo de polémica y reclamos de transparencia. De los más de 100.000 inscriptos para participar, menos de 400 pudieron exponer sus argumentos en las dos jornadas habilitadas en el Anexo de Diputados a fines de marzo. Entre las voces entrerrianas, la ONG CEYDAS calificó la reforma como un «grave ecocidio» y denunció intereses extranjeros detrás de la flexibilización de la ley.
A pesar de las críticas de diversos referentes sociales, el oficialismo mantiene su hoja de ruta. Aunque la sesión del miércoles aún no fue oficializada por las autoridades de la Cámara, los diputados de la libertad avanza y sus aliados ya fueron notificados para asegurar su presencia en el recinto.