A través de un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la implementación del denominado Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA). La iniciativa propone un esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas basado en la enajenación de activos públicos, lo que ha encendido las alarmas en diversas provincias. En Entre Ríos, la medida impacta directamente sobre activos estratégicos: el Destacamento de Vigilancia Crespo y el Batallón de Ingenieros Blindados de la provincia han sido incluidos en la lista de bienes sujetos a disponibilidad para su venta.
El programa contempla la asignación de fondos provenientes de la venta y concesión de inmuebles estatales, así como de los procesos de privatización de empresas públicas enmarcados en la Ley Bases. Según el DNU, el 10% de los ingresos generados por la venta, locación o concesión de cualquier inmueble del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En el caso específico de las unidades militares, el acuerdo dispone que el 70% de lo recaudado retorne a las fuerzas, mientras que el 30% restante será absorbido por el Tesoro Nacional.
Malestar en las fuerzas por la pérdida de soberanía y patrimonio
La noticia no fue bien recibida en los cuadros técnicos y profesionales de la Defensa Nacional. Desde la Armada sostienen que la liquidación del patrimonio histórico y estratégico no guarda relación con las necesidades reales de equipamiento. Un integrante de la fuerza advirtió en declaraciones a LPO sobre la inviabilidad técnica del plan:
«Lo que pasa es que todos son puchitos, no te alcanza para comprar un submarino que, además, no podés comprar uno solo sino que tenés que comprar dos, ideal tres; se te van casi 3 mil millones de dólares».
El mismo efectivo subrayó que la mayoría de los terrenos no poseen un valor de mercado que permita una capitalización real: «Si el 100% de lo que venden te da 3 mil millones de dólares (porque lo que más tienen son inmuebles o terrenos en zonas no muy comerciales), entonces a lo mejor tienen bienes para vender por 100, 200 o 300 millones de dólares».
El impacto federal: de Mar del Plata a Entre Ríos
La incertidumbre sobre el destino de la soberanía territorial se extiende por todo el mapa federal. En Mar del Plata, la Base Naval y sitios emblemáticos como el Faro o el Complejo Turístico de Chapadmalal quedaron expuestos al remate. Ante esta situación, sectores políticos han solicitado que el presidente Javier Milei se abstenga de avanzar sobre bienes estratégicos.
En Entre Ríos, la posible venta del Destacamento en Crespo y el Batallón de Ingenieros representa no solo una pérdida de capacidad operativa, sino un retiro del Estado nacional de áreas clave de la provincia. La crítica interna es feroz respecto a la escala de las compras posibles bajo este esquema:
«Pensar en repotenciar la defensa nacional con el producido de la venta de inmuebles es irreal. Supongamos que vendés la exageración de 2000 mil millones en inmuebles, te corresponden 200 millones de dólares; a lo mejor podés comprar una o dos fragatas usadas, pero no comprás un submarino ni aviones para la aviación naval. Es muy poquito en los términos de defensa».
Un remate para pagar deudas
El trasfondo de esta decisión también respondería a una urgencia de caja. Según documentos oficiales, el Ejército evalúa rematar 44 inmuebles militares para hacer frente a compromisos financieros y deudas acumuladas. El plan propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos, lo que para muchos analistas representa una desarticulación del sistema de defensa en favor de un beneficio contable inmediato.
Desde el bloque que lidera Gustavo Pulti en Mar del Plata, señalaron que la regulación actual «abre un escenario de incertidumbre respecto del destino futuro de este patrimonio estratégico», una preocupación que hoy resuena con fuerza en los cuarteles y comunidades de Entre Ríos.