Con movilización en las afueras del Congreso, LLA y sus aliados consiguieron el tercio en la Cámara de Diputados para impedir que se insista con la norma. Fue por 160 votos positivos, 84 negativos y 5 abstenciones.
Con números cambiantes en las horas previas, confirmaciones al filo de la sesión, y un escenario que anticipaba una ventaja y eventual victoria para el Gobierno, La Libertad Avanza consiguió este miércoles blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones. Una diputada libertaria aclaró a viva voz el sentido de su voto, que fue negativo, pero había quedado como positivo en el tablero.
Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”.
Luego de cuatro horas de debate, se pasó a la votación en la que a La Libertad Avanza lo acompañaron sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-; 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo; 3 tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; la monobloquista de CREO Paula Omodeo; y 4 diputados de la UCR –Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier-. También lo hizo José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, alineado al gobernador Claudio Vidal; sin embargo, su compañero votó en contra del veto.
Por la positiva de la ley lo hicieron 98 diputados de Unión por la Patria, 27 de la UCR, 13 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 3 de Innovación Federal (dos salteños y un rionegrino), 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo, 1 de Por Santa Cruz, el monobloque Movimiento Popular Neuquino y la exlibertaria Lourdes Arrieta. Los 2 del Pro que se desmarcaron de su bloque y votaron por la insistencia de la ley fueron el porteño Álvaro González y el cordobés Héctor Baldassi, cercanos al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En una sesión donde resultaban clave las ausencias y abstenciones, que permitían inclinar la balanza de los votos para un lado u otro, se abstuvieron los cuatro legisladores que representan al oficialismo de Misiones e integran Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; este último, secretario del PJ local se había manifestado a favor de la ley en la previa, pero finalmente se acopló a la postura de su bloque. La abstención fue la decisión de los misioneros a la orden del gobernador Hugo Passalacqua.
En tanto, la quinta abstención fue del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei y había apoyado el veto sobre jubilaciones.
En la votación estuvieron 8 diputados ausentes: Héctor “Tito” Stefani (Pro), por cuestiones de salud; Oscar Zago (MID), Fernando Carbajal (UCR), ambos de viaje; Yolanda Vega (Innovación Federal), quien se habría descompensado durante la sesión; Alejandra Torres, con COVID, Jorge Ávila y Ricardo López Murphy (Encuentro Federal). Por Unión por la Patria no bajó al recinto la catamarqueña Fernanda Ávila, quien responde al gobernador Raúl Jalil. Fue la única que no estuvo del bloque de la primera minoría y del cuarteto de catamarqueños. Su ausencia le valió críticas del PJ local.
Con un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas, el tema unió a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado.
La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
También indicaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.
En el límite de la fecha para publicar el veto, y al día siguiente de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades, el pasado 3 de octubre el Poder Ejecutivo oficializó el decreto 879/24, por el cual observó totalmente la ley.
Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN.
A contrarreloj, y ante el pedido de sus aliados del Pro, el Gobierno avanzó estos últimos días en anuncios sobre mejora salarial para el personal universitario. Primero comunicó que, “pese al rechazo gremial”, otorgará un aumento del 6,8%. Luego, informó que actualizará la garantía salarial docente a abril 2024.
Fuente: El Parlamentario.
