En un duro comunicado la Iglesia Católica Argentina encendió las alarmas sobre la situación terminal que atraviesa el sector de la discapacidad. El foco principal de la preocupación es la Obra Don Orione, una institución con 90 años de historia en el país, que hoy se encuentra en un escenario de «extrema gravedad» debido a la combinación de una inflación asfixiante, aranceles congelados y el corte en la cadena de pagos por parte del Estado nacional.
Actualmente, la institución brinda cuidado y asistencia a 1.200 personas con discapacidad en todo el territorio argentino. Según las autoridades del clero, muchas de estas personas no cuentan con otra red de contención familiar o social, por lo que el cierre de estos hogares dejaría a cientos de ciudadanos en una situación de desprotección absoluta.
El quiebre financiero: costos en alza y pagos frenados
La crisis no es solo administrativa, sino que afecta el sustento básico de los residentes. Voceros de la entidad, a través de la agencia AICA, detallaron los factores que llevaron a este límite:
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Ruptura de pagos: Los organismos nacionales no regularizan sus deudas desde fines de 2025, obligando a la Obra a consumir sus ahorros para comprar alimentos y medicamentos.
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Desfase arancelario: Mientras los costos operativos subieron por la inflación, los aranceles que paga el Estado se mantuvieron congelados, acumulando una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%.
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Infraestructura en riesgo: La falta de fondos obligó a suspender el mantenimiento de edificios históricos, lo que pone en peligro la seguridad y el bienestar de los espacios comunes.
Un reclamo de derechos, no de caridad
Desde la Iglesia fueron enfáticos al señalar que este conflicto excede lo financiero y entra en el terreno de lo legal. El desfinanciamiento actual implica una violación directa a la Ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Discapacidad) y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional en Argentina.
«No pedimos un favor ni una donación, pedimos el cumplimiento de la ley», sentenciaron las autoridades de la Obra Don Orione.
La parálisis económica ha tenido consecuencias inmediatas: la institución ya no puede incorporar nuevos residentes, dejando a decenas de familias en lista de espera sin acceso a servicios de asistencia integral, higiene y alimentación para sus familiares con alta dependencia.
La contradicción del Estado
El artículo publicado por el clero resalta una paradoja: mientras el Estado demora meses en cumplir con sus obligaciones de pago a las organizaciones sociales, exige un cumplimiento fiscal inmediato y sin prórrogas a estas mismas entidades.
La Obra Don Orione reafirmó su compromiso de seguir «de pie» tras nueve décadas de servicio, pero advirtió que la misión es insostenible si el Estado no garantiza condiciones mínimas de estabilidad. La Iglesia reclama ahora un diálogo efectivo que se traduzca en una actualización real de los aranceles y la regularización urgente de las partidas presupuestarias para evitar que el sistema de atención a la discapacidad termine de desmoronarse.