En un giro drástico de la política asistencial, el Gobierno Nacional confirmó que a partir de abril se darán de baja 900.000 planes sociales vinculados al programa Volver al Trabajo (heredero del antiguo Potenciar Trabajo). Esta medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano bajo la gestión de Sandra Pettovello, marca el cierre definitivo del esquema de transferencias directas mensuales para este universo de beneficiarios, quienes ahora deberán migrar hacia un modelo basado exclusivamente en vouchers de capacitación laboral.
La transición ya comenzó con el envío de notificaciones masivas a través de la aplicación Mi Argentina y correos electrónicos. Según el nuevo diseño, el esquema de asistencia permanente quedará reservado únicamente para unos 300.000 titulares en situación de extrema vulnerabilidad, mientras que los 900.000 restantes perderán el beneficio monetario fijo de $78.000 y deberán optar por inscribirse voluntariamente en el nuevo sistema de formación.
El funcionamiento del nuevo modelo de capacitación
La estrategia oficial busca eliminar la intermediación de las organizaciones sociales, permitiendo que el recurso llegue de forma directa al beneficiario para que este elija dónde formarse. Los titulares podrán seleccionar cursos dentro de una red federal de centros de capacitación habilitados por el Estado. No obstante, el sistema incorpora condiciones de permanencia más estrictas: aquellos que no cumplan con la asistencia o abandonen los trayectos formativos perderán el beneficio de manera inmediata y definitiva, sin posibilidad de reingreso.
Desde el oficialismo sostienen que el modelo anterior falló en su objetivo de insertar trabajadores en el mercado formal, funcionando en la práctica como un «seguro de desempleo» de monto reducido que no incentivaba la búsqueda de empleo. Con el nuevo enfoque, se prioriza la adquisición de herramientas técnicas, aunque se reconoce que una parte importante de los actuales beneficiarios —muchos de ellos ya insertos en la economía informal— podría no adherir a las capacitaciones obligatorias.
Impacto fiscal y ahorro proyectado
La eliminación de estos 900.000 beneficios representa un movimiento contundente en términos de ajuste del gasto público. El ahorro fiscal potencial se estima en torno a los $60.000 millones mensuales, una cifra significativa en un contexto de caída de la recaudación y metas de equilibrio financiero. El Gobierno planea redireccionar una porción de estos fondos para financiar los propios vouchers educativos y fortalecer otras políticas de formación en sectores críticos.
La implementación en abril abrirá un intenso debate sobre el impacto social de la medida, especialmente en los cordones urbanos más afectados por la recesión. Mientras el Ministerio de Capital Humano defiende la transformación hacia un modelo de «empleabilidad», diversos sectores advierten sobre los riesgos de dejar sin un ingreso base a casi un millón de personas en medio de un escenario económico complejo y con un mercado laboral que aún no muestra señales claras de expansión.