Frente a un escenario de marcada paralización económica y destrucción de la estructura productiva en la provincia, legisladores nacionales del peronismo solicitaron de manera formal una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio. El pedido de los representantes entrerrianos en el Congreso busca constituir una mesa de trabajo conjunta ante el cierre de empresas y la ola de despidos masivos que afecta a múltiples sectores industriales y comerciales del territorio entrerriano. Desde diciembre de 2023, en Entre Ríos cerrraron 1.074 empresas y hubo 8.821 despidos.
La iniciativa fue presentada por los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna, junto con el senador Adán Bahl. En el documento elevado al Poder Ejecutivo provincial, los parlamentarios argumentaron la necesidad de "evaluar en conjunto medidas para revertir la grave crisis económica y productiva que atraviesa Entre Ríos, manifestada en el cierre de numerosas empresas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo en distintos sectores productivos".
Números alarmantes de desempleo y persiana baja en la provincia
El balance presentado por los legisladores expone la gravedad de la coyuntura del empleo en Entre Ríos, donde la contracción de la actividad privó de sus medios de subsistencia a miles de familias.
Al detallar la escala de la crisis en el mercado laboral, los representantes nacionales puntualizaron: “Desde diciembre de 2023, Entre Ríos acumuló la destrucción de 8.821 puestos de trabajo, esto implica 10 desocupados nuevos por día en promedio. Frigerio tiene que llamar al diálogo para resolver el problema de los despidos masivos”.
A la severa caída de las contrataciones formales se suma la pérdida del entramado de negocios y firmas locales. Según precisa el documento, 1.074 empresas cerraron en la provincia desde fines de 2023, una cifra que grafica la magnitud de la recesión económica que golpea a los municipios entrerrianos.
El mapa de los conflictos laborales y la parálisis industrial
La presentación enviada al gobernador incluye un relevamiento de las principales plantas y firmas comerciales que han bajado la persiana o recortado su personal de forma drástica en distintas ciudades entrerrianas:
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Granja Tres Arroyos (Concepción del Uruguay): Tras el anuncio del cierre de una de sus plantas, paralizó toda su operación en la ciudad, dejando en mayo de 2026 a unos 930 trabajadores sin sus puestos de trabajo ni el cobro de salarios adeudados.
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UnionBat (Gualeguaychú): Registró el cierre definitivo y la desvinculación de más de 100 empleados en la emblemática fábrica de baterías.
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Futura (Gualeguaychú): Cesó sus actividades operativas dejando a 22 familias sin fuente laboral.
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Fademi (Larroque): Mantiene un extenso conflicto con más de 500 días de acampe por parte de sus trabajadores.
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La Serenísima (Paraná): Cierre de su centro de distribución, un hecho que simboliza el retroceso del sector industrial en la capital provincial.
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Diarco (Concordia): Registró 38 despidos intempestivos en su sucursal comercial.
Impacto en las economías regionales y el entramado social
Para los parlamentarios nacionales, la magnitud de la paralización productiva trasciende el ámbito laboral privado y se convierte en un problema de política pública y desarrollo regional.
En ese sentido, remarcaron que el cuadro de situación en las localidades afectadas exige la intervención del Estado provincial:
“Esta realidad excede ampliamente el marco de conflictos particulares entre partes privadas. Su impacto alcanza el entramado social, económico y productivo de localidades enteras, donde estas empresas constituyen históricamente los principales empleadores del sector privado. La interrupción de la actividad productiva afecta no sólo a los trabajadores y sus familias, sino también a proveedores, comercios y al conjunto de la economía regional, profundizando la recesión y la pérdida del tejido industrial”.