La crisis económica y las políticas de austeridad que impactan en las administraciones locales detonaron una fuerte acción institucional en la capital entrerriana. Concejales justicialistas de diversos departamentos de Entre Ríos se concentraron frente a la Casa de Gobierno, en Paraná, para presentar un petitorio formal y solicitar con carácter de urgencia una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio. Durante la movilización, las autoridades locales denunciaron la drástica caída de la coparticipación, reclamaron una distribución equitativa de los fondos públicos y manifestaron su enérgico repudio al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, advirtiendo sobre el progresivo deterioro social en los territorios.
La concejal de Paraná, Luisina Minni, detalló que la denominada Liga de Concejales Justicialistas mantiene encuentros sistemáticos para evaluar el impacto del escenario recesivo en los diferentes municipios entrerrianos. Al respecto, fundamentó la postura del bloque frente a las puertas del palacio de gobierno:
“Tenemos la necesidad de exigir al gobierno provincial una distribución justa de los recursos y de hacerse cargo de las obligaciones que, por las normas constitucionales y las leyes provinciales, le corresponden”.
Ajuste en la obra pública y descentralización del costo social
El desfinanciamiento por parte del Estado nacional y la falta de respuestas de la administración provincial obligaron a los municipios a reasignar partidas locales para sostener compromisos esenciales. Desde la capital entrerriana precisaron que el gobierno local debió asumir con recursos propios la continuidad de la obra pública y el mantenimiento de infraestructuras clave que antes contaban con financiamiento externo. Entre los proyectos afectados mencionaron las tareas viales sobre la Ruta Nacional 12, el saneamiento del arroyo Las Viejas, la remodelación del Centro Cultural Juan L. Ortiz y la preservación de los espacios públicos.
Esta transferencia de obligaciones ocurre en paralelo a una marcada merma en los ingresos corrientes. Según especificó Minni, “en términos reales, en Paraná la caída es de casi el 14%”. Asimismo, los ediles cuestionaron las declaraciones del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien pretendió redefinir el rol de las intendencias en la contención de los sectores más vulnerables. La concejal paranaense replicó de forma directa: “Si los municipios se tienen que hacer cargo de más compromisos en salud, educación y asistencia social, tienen que llegar los recursos correspondientes”.
Cuestionamientos a la alianza política con el gobierno nacional
El debate en torno a la pérdida de recursos federales expuso las tensiones por el alineamiento político entre la gestión provincial y la Casa Rosada. La concejal de Concordia, Carolina Amiano, focalizó sus críticas en el vínculo político entre Rogelio Frigerio y Javier Milei:
“Me gustaría preguntarle al gobernador hasta dónde va a llegar la alianza con este gobierno nacional que sigue ajustando y recortando recursos de coparticipación”.
Para graficar el impacto de esta parálisis, la legisladora concordiense expuso la situación de la planta potabilizadora de agua de su ciudad, una obra de infraestructura vital que presentaba un avance técnico del 92% y cuyo tramo final quedó paralizado por la retención de partidas federales: “Ahora nos enteramos que esos fondos nacionales no van a llegar, son 4.700 millones de pesos que Nación no va a girar a la provincia ni a Concordia para la finalización de esa planta potabilizadora de agua, siendo que el agua es fundamental para todos los seres humanos y esos recursos no van a llegar a Concordia”. Ante este panorama, Amiano exigió una postura de mayor firmeza federal: “Necesitamos un gobernador que se plante, que proteja nuestros recursos y que genere también los recursos que necesitamos de Nación, a través de la coparticipación, o de otro ingreso para finalizar este tipo de obras tan trascendentales para la ciudad”.
Radiografía de la vulnerabilidad en las localidades del interior
La retracción de los fondos coparticipables golpea con mayor severidad a las comunas de menor escala salarial y presupuestaria, donde la actividad económica depende fuertemente de la inversión pública y el empleo local.
El concejal Luis María Setau de Sauce de Luna advirtió que la quita de recursos compromete el funcionamiento operativo elemental del municipio, trazando un crudo diagnóstico sobre la realidad de las familias: “Hoy la gente tiene que elegir entre comer o pagar impuestos”.
La concejal Marianela Manassali de Nogoyá describió una parálisis generalizada que afecta a la obra pública, deprime el comercio local y reduce la capacidad de respuesta del Estado. Detalló que, al ser la vicegobernadora Alicia Aluani oriunda de dicha localidad, la expectativa era diferente, pero la realidad muestra un severo retroceso: “la ciudad está muy afectada, porque lo poco que ingresa se afecta a sueldos y solo un 5% del presupuesto se destina a obras de mantenimiento y eso afecta directamente en que no hay movimiento de dinero en la ciudad”.
Manassali explicó, además, el fenómeno de saturación que sufren los efectores públicos debido al encarecimiento del costo de vida: “La cuestión económica, sumado la regresión del comercio que impacta en esta situación, hace que lo que se buscaba de achicar el Estado, lo agranda, porque todas las personas no pueden adquirir ahora el servicio privado de salud y educación, sino que terminan cayendo en un Estado colapsado, sumado a los recortes de Provincia”. La edil cerró reclamando una urgente revisión de la política distributiva: “Si los municipios nos tenemos que hacer cargo del acompañamiento social, educativo y de salud, que lleguen los recursos a nuestra ciudad, porque si no es imposible poder afrontar esta situación, que afecta la calidad de vida directa de todos los nogoyaenses y de todos los entrerrianos”.
Frente común contra la reforma de la Caja de Jubilaciones
El tramo final de la presentación estuvo centrado en la defensa del sistema previsional de Entre Ríos. Los representantes justicialistas manifestaron su total disconformidad con el proyecto normativo con el que el Ejecutivo busca modificar las condiciones de acceso y sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.
Si bien los concejales coincidieron en que el sistema previsional arrastra desafíos estructurales que ameritan debate, rechazaron de plano que las soluciones se centren en recortar los ingresos de los sectores pasivos o incrementar los aportes de los activos. “Entendemos que hay que modificarla, pero no de esta manera”, sentenciaron de forma unánime antes de ingresar formalmente el petitorio por la mesa de entradas de la Casa de Gobierno, a la espera de una convocatoria que abra un canal genuino de diálogo institucional.