El abogado y ex concejal Mariano Giampaolo presentó una denuncia penal formal que expone una posible maniobra delictiva en la contratación directa del servicio de recolección de residuos por parte de la Municipalidad de Concordia con la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. por un monto de 250 millones de pesos.
Al respecto, el letrado detalló el riguroso proceso previo y afirmó que: “Después de más de un mes de trabajo de investigación, estudio de expedientes, reconstrucción cronológica, análisis de actos administrativos, revisión de documentos, recolección de pruebas y cotejo de fechas, hemos presentado una denuncia penal que no describe una simple desprolijidad administrativa”. Según el planteo, “lo que allí aparece es algo mucho más grave: una posible maniobra organizada, con intervención política, administrativa, contable, técnica y operativa, que habría permitido contratar, ejecutar y pagar un servicio público esencial por fuera de los procedimientos que exige la ley”.
Una cadena de responsabilidades que excede a firmas aisladas
La presentación judicial enfatiza que la magnitud de la operatoria con la firma prestataria revela una sincronización interna que involucra necesariamente a múltiples estamentos de la administración local. Giampaolo argumentó de manera contundente que: “El punto central es claro: esto no pudo haber ocurrido solamente por la decisión de uno o dos funcionarios. Una contratación de esta magnitud no se arma con una firma aislada. No se monta una empresa en una ciudad, no se incorporan camiones, no se inicia un servicio a las seis de la mañana del día siguiente, no se confeccionan informes, no se tramitan expedientes, no se emiten resoluciones, no se liquidan pagos y no se transfieren fondos públicos sin que intervenga una cadena completa de personas”.
Por este motivo, el abogado remarcó que: “Por eso la investigación debe ir mucho más allá de la foto política. Debe mirar el expediente, el sistema informático, las fechas reales de carga, los dictámenes, las órdenes de pago, las certificaciones de servicio, los informes técnicos, las retenciones omitidas, las comunicaciones previas y el rol concreto de cada área municipal. En este caso, la pregunta no es solamente quién dio la orden. La pregunta también es quién la ejecutó, quién la convalidó, quién miró para otro lado y quién permitió que el procedimiento avanzara”.
Inversión del orden lógico y simulación de legalidad estatal
La acusación detalla el funcionamiento burocrático detrás del caso y expone cómo las estructuras formales habrían sido utilizadas para encubrir la determinación política previa. El letrado advirtió que: “Los funcionarios políticos pueden tomar decisiones, pero los expedientes no se mueven solos. Alguien los inicia, alguien los carga, alguien los informa, alguien los conforma, alguien los controla, alguien los paga. Y cuando todos esos pasos aparecen alineados para dar apariencia de legalidad a una decisión que ya venía tomada, la Justicia debe investigar no solo la cabeza de la maniobra, sino toda la estructura que la hizo posible”.
Giampaolo describió una secuencia temporal que resulta alarmante, señalando que primero la empresa se instaló y luego se concentraron los actos contractuales el mismo día. Frente a este andamiaje, sentenció que: “Esto no es eficiencia. Esto no es agilidad estatal. Esto es, cuanto menos, una inversión del orden lógico y jurídico de la administración pública. En un procedimiento normal, primero se planifica, se dictamina, se controla, se selecciona, se adjudica, se contrata y recién después se ejecuta y se paga. Acá, según surge de la denuncia, habría ocurrido al revés: primero se decidió, se organizó y se puso en marcha; después se construyó el andandamiaje documental para justificar lo que ya estaba hecho”.
La denuncia muestra una secuencia temporal que, por sí sola, resulta alarmante para el patrimonio de los concordienses:
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Instalación previa: La empresa habría estado materialmente instalada antes de contar con la norma que debía habilitar la contratación.
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Trámite exprés concentrado: El mismo día se habrían concentrado actos institucionales, administrativos y contractuales de enorme trascendencia: ordenanza, promulgación, publicación, informe técnico, convenio, decreto ratificatorio y reorganización del personal.
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Ejecución y pago: El servicio comenzó casi de inmediato y luego se avanzó hacia el pago, pese a inconsistencias documentales, registrales y administrativas.
El abogado agregó que la gravedad institucional aumenta porque se trata de recursos públicos y de un contrato con impacto directo, buscando determinar si se usó la emergencia como excusa para evitar controles ordinarios.
Exigencia de celeridad al Ministerio Público Fiscal de Concordia
Ante la gravedad del escenario institucional, que compromete los fondos del erario público, el impulsor de la denuncia penal interpeló directamente los métodos y la celeridad que debe aplicar la fiscalía a cargo. Giampaolo aseveró que: “El fiscal tiene ahora una responsabilidad institucional enorme. Debe actuar rápido, con independencia y con profundidad. No alcanza con abrir una carpeta y dejar que el tiempo pase. No alcanza con pedir informes de rutina a los mismos organismos que podrían estar involucrados. No alcanza con mirar el expediente de papel como si allí estuviera toda la verdad. En causas de corrupción, muchas veces la verdad no está en el documento final, sino en el documento previo, en la fecha de creación del archivo, en el usuario que lo cargó, en el pase interno, en la comunicación informal, en la orden verbal que después alguien convirtió en acto administrativo”.
El letrado advirtió sobre las consecuencias de la inacción judicial afirmando que: “Si el fiscal actúa con celeridad, muchos de los hechos denunciados podrán comprobarse o descartarse con rapidez. Pero si el expediente duerme, la investigación se debilita. Y eso sería gravísimo. Porque no estamos frente a una sospecha liviana ni ante una denuncia improvisada. Estamos frente a una presentación trabajada durante semanas, con una línea cronológica precisa, con hechos documentales, con indicios convergentes y con un perjuicio económico que debe ser determinado y, eventualmente, reparado”.
El derecho a la transparencia y los límites de la impunidad
El texto de la denuncia penal encuadra el reclamo dentro del derecho inalienable que posee la comunidad local de conocer fehacientemente cómo se gestionan sus recursos. Al respecto, Giampaolo señaló que: “La ciudadanía de Concordia tiene derecho a saber si se contrató legalmente o si se montó una estructura para simular legalidad. Tiene derecho a saber si los controles municipales funcionaron o si fueron neutralizados. Tiene derecho a saber si hubo funcionarios que decidieron, empleados que ejecutaron, áreas que convalidaron y privados que se beneficiaron. Tiene derecho a saber si la plata pública se administró con transparencia o si fue utilizada dentro de una maniobra irregular”.
El abogado aseguró que este proceso puede marcar un límite definitivo contra la corrupción, señalando que: “Este caso puede marcar un límite. Puede demostrar que en Concordia no todo se tapa con discursos, emergencias o expedientes armados a las apuradas. Puede demostrar que la Justicia está dispuesta a investigar cuando aparecen indicios serios de corrupción. Pero para eso hace falta decisión. Hace falta rapidez".
En ese sentido agregó que "hace falta que el fiscal entienda que cada día que pasa juega a favor de quienes quieren que nada se sepa. No se pide una condena anticipada. Se pide investigación real. No se pide persecución política. Se pide preservar prueba. No se pide espectáculo judicial. Se pide que el Ministerio Público Fiscal haga lo que debe hacer cuando recibe una denuncia grave, fundada y documentada: moverse rápido, investigar en serio y llegar hasta el final".
Finalmente Giampaolo señaló que "si la contratación fue legal, la investigación lo demostrará. Pero si fue parte de una maniobra de corrupción, Concordia necesita saberlo. Y necesita saberlo ahora, antes de que el expediente se enfríe, antes de que la prueba desaparezca y antes de que una vez más la impunidad termine siendo el verdadero sistema de gobierno”, concluyo el letrado.