El entramado socioproductivo provincial continúa sufriendo las consecuencias de un escenario macroeconómico asfixiante, donde la pérdida del poder adquisitivo de los sectores asalariados y el incremento desmedido de los costos regulados impactan de forma directa en las industrias locales. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, comunicó formalmente la apertura del concurso preventivo de la empresa Frutafiel S.A.S., una firma con fuerte arraigo regional que tiene su planta de producción en la localidad de General Ramírez, departamento Diamante.
La compañía entrerriana, inscripta desde noviembre de 1996 y con domicilio social en la Avenida República de Entre Ríos N° 1222, cuenta actualmente con un directorio unipersonal presidido por René Horacio Fritzler. Tras evaluar la presentación efectuada el pasado 22 de mayo, el magistrado dictó el auto de apertura el 10 de junio y dispuso, entre otras medidas de rigor, la inhibición general de bienes de la firma, designando como sindicatura al “Estudio Cerini-Cerini-Chiara".
Las cifras del pasivo y los plazos judiciales para acreedores
La radiografía contable presentada por la empresa expone el delicado equilibrio que intentan sostener las unidades productivas frente a las actuales condiciones de mercado:
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Activo corriente: $1.313.082.606,29
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Activo no corriente: $2.703.868.796,89
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Total del activo: $4.016.951.403,18
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Total del pasivo: $3.818.314.937,18
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Patrimonio neto: $198.636.466 (positivo).
Aquellos acreedores que consideren tener derechos sobre la deuda de la firma deberán presentar sus pedidos de verificación en el domicilio de la sindicatura, ubicado en calle Tucumán N° 550 de la capital entrerriana, teniendo como fecha límite el 9 de septiembre de 2026. Posteriormente, las partes podrán formular impugnaciones u observaciones a las solicitudes presentadas hasta el 6 de noviembre del corriente año.
Los argumentos de la firma: recesión, inflación y costos asfixiantes
Al detallar las causas concretas que provocaron la desestabilización patrimonial, Frutafiel S.A.S. invocó de forma explícita las dificultades derivadas de las variables económicas nacionales y el impacto de las políticas que deprimieron el mercado interno. La empresa expresó que: "el proceso inflacionario por el que atravesó el país en los años posteriores a la pandemia produjo una gran pérdida en el poder adquisitivo de la gente, elevando también los costos de insumos y transporte, reduciendo márgenes (pues no se podía trasladar la suba de costos al precio final)".
A este panorama se sumó de manera determinante la contracción de la demanda popular y las tarifas del sector público: "La caída del consumo de productos no esenciales afectó los volúmenes de venta, sobre todo en productos no esenciales como los que produce Frutafiel. Esto se vio agravado en los últimos meses por el gran aumento en el costo de la energía y combustibles. Sumado a lo expuesto, acceder al crédito bancario se hizo casi imposible por las tasas exorbitantes que había, generando pérdidas importantes al descontar valores de terceros".
La dirección de la firma explicó que, en un intento por sostener el nivel de actividad de la planta, se realizaron promociones en supermercados y cadenas de distribución con descuentos que "implicaban un margen de utilidad casi nulo", situación que se complejizó con la morosidad de los clientes. Ante este difícil contexto, el principal accionista llegó a vender un inmueble propio para inyectar capital y financiar un nuevo proyecto de cerveza con marca propia, pero la inversión no dio el fruto esperado por demoras logísticas y el incumplimiento de la empresa proveedora de la materia prima a granel, sumado a la posterior presión de la competencia.
El freno de la actividad y la búsqueda de protección judicial
Al ingresar al ciclo económico de 2026, la empresa advirtió que la persistencia de la crisis licuó los esfuerzos de reconversión —que incluyen líneas de cerveza y vino con jugo que representan el 30% de su facturación—. La firma puntualizó que: "la caída de las ventas (agravado por la caída del consumo de los sectores asalariados), el aumento de los insumos importados (sobre todo los derivados del petróleo cuya incidencia es muy importante en el costo de Frutafiel, llegando en algunas líneas al 95% del costo final) y el enorme aumento en el costo financiero y laboral, la ponen ante una situación que la obliga a buscar la protección judicial".
De acuerdo a la presentación corporativa, la cesación de pagos de la industria entrerriana se produjo "entre el mes de marzo y abril del corriente año, pues a fines de marzo se dejaron de pagar los planes de facilidades de pagos de ARCA y el 21 de abril comenzaron a rechazarse los cheques emitidos".
A pesar de la gravedad del proceso judicial, la empresa remarcó que la actividad fabril sigue siendo viable en el mediano y largo plazo. La apuesta de los directivos se concentra ahora en el amparo legal de la ley de concursos para resguardar las fuentes de empleo e intentar normalizar el esquema operativo. Según justificó la propia entidad, "el concurso preventivo producirá el desahogo financiero con el consiguiente ahorro que permitirá volcar estos recursos a la actividad productiva y, con la continuación del trabajo, afrontar las obligaciones pendientes".