Ante la detección de una serie de focos de incendio en la región del Delta del Paraná, el Gobierno de Entre Ríos activó de manera inmediata el protocolo interinstitucional e interjurisdiccional de emergencia para intentar contener el avance de las llamas sobre un ecosistema ya fuertemente degradado.
Por su extensión y proximidad a la línea de costa, los frentes más complejos de este nuevo evento de quemas no autorizadas se localizaron frente a las localidades bonaerenses de Ramallo y San Pedro. Las columnas de humo reavivan la preocupación histórica de las comunidades costeras y ponen en alerta a los organismos de preservación ecológica de la región central del país.
Operativo conjunto en la zona de islas
Ante la gravedad de la situación, personal de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA) de Entre Ríos fue desplegado en el territorio afectado. Debido a las dificultades geográficas propias de la geografía del humedal, el cruce y desembarco de los brigadistas en la zona de islas se realizó de manera coordinada gracias al soporte operativo de la Prefectura Naval Argentina.
Asimismo, las acciones de mitigación y logística cuentan con una articulación central, liderada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), garantizando la articulación de recursos entre las jurisdicciones provinciales y nacional para maximizar la eficiencia del combate en territorio insular. El comando de operaciones informó que para la jornada de este miércoles se proyecta tener los focos ígneos totalmente circunscriptos y bajo control.
Investigación catastral y poder de policía ambiental
Más allá de las tareas urgentes de supresión del fuego, el nudo de la problemática radica en la impunidad de quienes utilizan las quemas como herramienta de limpieza de campos. En paralelo a las tareas de combate del fuego, los equipos técnicos del Plan de Manejo del Fuego trabajan en la georreferenciación de las zonas afectadas y en el cruce de datos catastrales para detectar a los propietarios de los campos involucrados y efectivizar las tareas investigativas tendientes a establecer responsabilidades y eventuales sanciones por infracción a la ley vigente.
Con esta identificación, el Estado provincial iniciará de forma inmediata los expedientes administrativos correspondientes para aplicar las máximas sanciones e infracciones que correspondan por las quemas no autorizadas. Con estas acciones, la Provincia ratifica su firme compromiso con la preservación ecológica y el ejercicio riguroso del poder de policía ambiental para desalentar prácticas que pongan en riesgo los ecosistemas del Delta.