En una medida que profundiza la tensión con los trabajadores de la educación y debilita los canales colectivos de negociación, el Gobierno de Entre Ríos resolvió liquidar de manera unilateral el primer tramo del incremento de haberes ofrecido a los maestros. La decisión del Poder Ejecutivo provincial se tomó tras el rechazo de las organizaciones sindicales a la propuesta oficial en la mesa de negociación, cerrando de forma la instancia de diálogo en la paritaria docente de la provincia.
La resolución, confirmada por fuentes de la Secretaría de Trabajo, se da en un contexto de fuerte malestar en las comunidades educativas por la pérdida del poder de compra de los sueldos de los educadores frente a la escalada de precios y las políticas de ajuste sobre los recursos provinciales.
Los detalles del aumento por decreto impuesto por el Ejecutivo
Ante la falta de acuerdo con los representantes de las escuelas públicas, la administración provincial determinó avanzar de forma directa con la liquidación de los haberes correspondientes al mes de julio bajo el esquema que había sido previamente rechazado por los gremios por considerarlo insuficiente.
La medida gubernamental contempla los siguientes puntos:
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Un incremento del 3% para los salarios de julio, aplicando una actualización de la base de cálculo al mes de junio de 2026.
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Una modificación de entre el 20% y el 28% en los montos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, adicionales que se calculan de acuerdo con la carga horaria y la jornada laboral de cada agente.
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Establecer el salario mínimo docente garantizado en 850.000 pesos a partir de julio, lo que representa una suba del 14% respecto del piso salarial que se encontraba vigente en la provincia.
"La oferta continúa siendo insuficiente": la dura respuesta de AGMER
La decisión oficial de clausurar la negociación e imponer la pauta salarial mediante un decreto cosechó un inmediato rechazo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Desde la conducción del sindicato mayoritario cuestionaron la falta de predisposición de las autoridades para continuar el debate en la mesa paritaria y advirtieron que la suba decretada consolida el deterioro de los ingresos del sector.
La secretaria adjunta de la Comisión Directiva Central del gremio, Lía Fimpel, fundamentó la postura de los trabajadores de la educación y detalló el desfasaje real que sufren los salarios frente al costo de vida y la inflación en Entre Ríos:
"El Gobierno anunció que avanzará por decreto para pagar el primer tramo del aumento. Nosotros rechazamos esa oferta porque era un 3% calculado sobre los haberes de noviembre, cuando ya conocíamos que la inflación acumulada ronda el 20%".
La dirigente gremial lamentó que el Ejecutivo provincial diera por finalizada la instancia de diálogo de manera unilateral, cuando la voluntad de la representación sindical era permanecer en el ámbito paritario para lograr una propuesta superadora que permitiera recuperar el poder adquisitivo perdido.
Con la firma del aumento por decreto, el conflicto en las escuelas entrerrianas entra en una etapa de alta incertidumbre de cara al reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, en una provincia donde la docencia organizada resiste la licuación de sus ingresos y defiende la dignidad de la educación pública.