El Gobierno nacional resolvió profundizar la quita de recursos destinados al transporte público a través de una medida que impactará de lleno en los sectores más vulnerables de la población y en las finanzas de las administraciones municipales y provinciales. A través de una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación oficializada este miércoles, se determinó el subsidio a la tarifa social de colectivos bajo el sistema SUBE no se actualizará más automáticamente.
A partir de esta disposición, la histórica compensación del 55% quedará fija respecto a la tarifa de referencia vigente al 30 de junio y dejará de actualizarse de manera automática con cada incremento del boleto. Esto significa que, cuando los gobiernos provinciales o municipales definan futuros aumentos del colectivo, el Estado nacional no aportará más recursos que los que destina al momento actual para sostener dicho beneficio.
El impacto en los sectores vulnerables y la caída del subsidio
La medida golpea de forma directa la línea de flotación de los usuarios que dependen del transporte diario para trabajar o estudiar. Actualmente, la tarifa social de transporte abarca a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo, del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de la Guerra de Malvinas, entre otros sectores integrados en la asistencia estatal.
Especialistas y fuentes del sector de colectivos urbanos calculan que, ante la próxima actualización del cuadro tarifario en las distintas jurisdicciones, el peso real del beneficio de la tarifa social podría derrumbarse en el tiempo, cayendo del 55% original a un escaso 43%. Para compensar esa merma de fondos provenientes de la administración central, las empresas y los analistas advierten que los próximos incrementos del boleto deberán ser aún mayores, trasladando el costo impositivo y operativo al resto de los pasajeros en general.
Rechazo generalizado de los intendentes y advertencia de las provincias
La decisión del Palacio de Hacienda provocó una inmediata ola de rechazo entre los jefes comunales del interior del país, quienes ya venían denunciando las asimetrías de la distribución de subsidios respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las autoridades locales advierten que los municipios no cuentan con las estructuras financieras para absorber los baches económicos que deja la deserción del Estado nacional.
"No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado Nacional se retira del transporte público del interior del país", denunció con dureza en su cuenta de la red social X el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. El jefe comunal advirtió que, a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, "la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios".
En la misma sintonía, un empresario del sector de transporte del interior bonaerense detalló a LPO la encrucijada del sistema: "La consecuencia para el sistema es que lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional, será abonado por el resto de los usuarios. Es decir, se aumentará más todo el cuadro tarifario para compensar".
En tanto, desde los estados provinciales ya comenzaron a avisar que no se harán cargo de los desequilibrios generados por la resolución nacional. "Mendoza no va a poder hacerse cargo de estos subsidios nacionales que otorga Nación", sentenció de manera tajante el subsecretario de Transporte mendocino, Luis Borrego, en declaraciones radiales.
El peligro del recorte de frecuencias y el vaciamiento del servicio
El escenario que se abre para el transporte público del interior amenaza con replicar el ciclo de degradación que el sistema ya experimentó meses atrás. Los empresarios del transporte vaticinan por lo bajo que la falta de actualización del subsidio provocará una caída aún más pronunciada en el denominado índice pasajero-kilómetro.
Este indicador sociodemográfico refleja cuántas personas utilizan el servicio por cada tramo recorrido. Si el boleto se vuelve inaccesible para los beneficiarios de la tarifa social, el flujo de pasajeros disminuye sensiblemente, generando un efecto dominó que decanta de forma inevitable en la reducción de frecuencias y en el retiro de unidades de la calle por parte de las prestatarias del servicio, afectando la conectividad y el derecho a la movilidad en las ciudades del interior de la Argentina.