El ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de corredores viales, avanzando firmemente en su objetivo de entregar a manos privadas el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de 20 años antes de julio. La medida, enmarcada en la denominada Red Federal de Concesiones, consolida una política de retiro del Estado de sus obligaciones de infraestructura básica y delega en el bolsillo de los usuarios el financiamiento del sector a través de los peajes. Ante esta avanzada, las entidades de usuarios viales encendieron las alarmas. Denuncian que en las trazas que ya fueron privatizadas hace meses apenas se iniciaron tareas menores de bacheo, mientras que en los tramos recientemente adjudicados de las rutas 12 y 14 -ejes estratégicos para la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia de Entre Ríos- los contratos apenas contemplan el mantenimiento básico y el corte de pasto, todo a cambio de una multiplicación de las cabinas de cobro.
Adjudicaciones millonarias y tarifas dolarizadas
A través de la última resolución de la cartera económica, el Gobierno nacional otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226. Este conglomerado cotizó una tarifa de peaje inicial de 1.206 pesos, esquema que vendrá acompañado por una proliferación de nuevos puestos de cobro en el territorio.
Por otra parte, se le entregó a la firma mendocina Ceosa (Construcciones Electromecánicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5, el corredor que une Luján (Buenos Aires) con Santa Rosa (La Pampa), estableciendo una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.
Con respecto al incremento de las estaciones de recaudación forzosa, Ricardo Lasca, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), fustigó la medida con dureza: "En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90".
Denuncian una "estafa" en la Red Federal de Concesiones
La principal crítica de los usuarios radica en la alarmante desproporción entre las tarifas que se exigirán y las inversiones reales en seguridad vial, un elemento clave en el resguardo de los derechos humanos y la integridad de quienes transitan los caminos federales de la región Pampeana.
De acuerdo con los pliegos oficiales, para los 1.800 kilómetros de rutas privatizados este viernes, el Gobierno nacional exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para las autopistas y 55,98 kilómetros de "ruta segura" en la Ruta 226. Lasca advirtió que en el nuevo esquema promovido por el gobierno libertario no existen inversiones de envergadura para evitar los choques frontales: "Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa".
El escenario en Entre Ríos y las rutas del Mercosur
La fisonomía de este modelo privatizador ya se palpa en el territorio entrerriano mediante la Etapa I, que comprende el denominado "Tramo Oriental" (rutas nacionales 12 y 14) y la conexión vial del Puente Rosario-Victoria junto a 50 kilómetros de la Ruta Nacional 174.
La firma ganadora de dicha licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., perteneciente al Grupo Cartellone. Bajo la denominación de Autovía del Mercosur, la concesionaria se ha limitado a realizar tareas superficiales de limpieza de banquinas, mejoras en iluminación y acondicionamiento general de la calzada.
"Recién ahora empezaron a hacer algo", puntualizó el titular de Conaduv, remarcando de igual modo la ausencia de obras de magnitud que transformen estructuralmente los corredores.
Financiamiento público para el beneficio privado
Una de las mayores contradicciones del programa radica en el origen de los fondos para el sostenimiento de las trazas, echando por tierra el argumento oficial de la llegada de inversiones genuinas de riesgo por parte del sector empresarial:
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Créditos estatales: Las obras en la denominada ruta del Mercosur cuentan con el respaldo de un crédito de 56 mil millones de pesos otorgado por el banco BICE, dependiente del propio Ministerio de Economía.
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Fondos públicos: Gran parte de los trabajos viales se sostienen con el Fondo de las Pymes y el financiamiento de la banca pública de desarrollo.
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Falta de regulación: Las adjudicaciones avanzan sin la constitución previa de un ente regulador independiente, el cual debió ser refrendado por ley debido al carácter de servicio público que revisten las concesiones viales.
"Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso", acusó Lasca.
Pese a los cuestionamientos, el Palacio de Hacienda acelera los pliegos del resto de las trazas para culminar el proceso a mitad de año. Recientemente se concretó la apertura de sobres de la Etapa II-B, que abarca los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Norte, consolidando el desguace de la red vial federal frente a un silencio regulatorio que desprotege a los usuarios entrerrianos.