El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos anunció de manera oficial que dará intervención inmediata a su Tribunal de Disciplina para evaluar la conducta de las legisladoras Nancy Miranda (departamento Federal) y Gladys Domínguez (departamento Feliciano), quienes desoyeron las resoluciones orgánicas y votaron a favor del proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio.
La decisión del partido se tomó tras constatar que ambas senadoras quebrantaron de forma flagrante el mandato expreso del Congreso Provincial del PJ, el cual había determinado el rechazo absoluto a cualquier iniciativa que vulnere los derechos históricos de los pasivos y activos de la Caja de Jubilaciones.
Desobediencia orgánica y el costo del ajuste sobre los trabajadores
A través de un duro documento emitido tras la polémica sesión, el PJ provincial fundamentó los motivos políticos y éticos que justifican la apertura del proceso sumario contra las legisladoras díscolas. La máxima autoridad partidaria recordó que el Congreso de la fuerza había mandatado a todos sus representantes legislativos a oponerse a la norma, advirtiendo que el incumplimiento los sujetaría al régimen de penalidades.
En el texto difundido por el partido, se analiza el impacto real del voto de Miranda y Domínguez en la consolidación del esquema de ajuste que impulsa la Casa Gris:
"Con su voto afirmativo, las legisladoras no solo desconocieron una decisión adoptada democráticamente por el Congreso Provincial, sino que además avalaron una reforma que hace recaer el peso del déficit previsional sobre quienes sostienen y sostuvieron con sus aportes el sistema jubilatorio entrerriano".
Asimismo, el comunicado oficial del justicialismo entrerriano expone la profunda incompatibilidad doctrinaria que representa acompañar la iniciativa del Ejecutivo:
"Su decisión representa, además, una profunda contradicción con los principios históricos del justicialismo y con el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, construido para proteger a quienes dedicaron su vida al servicio público: docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y todos aquellos que aportaron durante décadas con la expectativa de acceder a una jubilación digna".
El proyecto alternativo: la sustentabilidad sin recorte de derechos
La conducción partidaria remarcó que la entrega de votos al oficialismo no se debió a la falta de opciones técnicas o de debate legislativo. Desde el bloque opositor de Más para Entre Ríos se había estructurado una propuesta parlamentaria que buscaba sanear las cuentas de la seguridad social sin recurrir a la quita de conquistas laborales o previsionales de los empleados públicos.
Al respecto, el PJ entrerriano defendió la viabilidad de su propuesta legislativa:
"Durante todo el debate legislativo quedó demostrado que existía otro camino posible. El proyecto presentado por el justicialismo propuso alternativas para fortalecer la sustentabilidad de la Caja sobre la base de estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos ni trasladar el costo del equilibrio financiero a trabajadores y jubilados".
En el mismo sentido, la fuerza política ratificó la vigencia de sus banderas históricas ante la avanzada del gobierno de Rogelio Frigerio en el plano previsional:
"Desde el Partido Justicialista sostenemos que la sustentabilidad de la Caja debe construirse con responsabilidad y planificación, pero nunca a costa de quienes trabajaron toda su vida. Defender el sistema previsional también significa defender el principio de solidaridad intergeneracional que constituye uno de los pilares del Estado y una bandera histórica del peronismo".
Disciplina partidaria y la posibilidad concreta de expulsión
La resolución adoptada por el PJ de Entre Ríos marca un precedente de severidad institucional para los representantes legislativos que antepongan negociaciones o especulaciones particulares por encima del mandato colectivo. El documento concluye exigiendo coherencia doctrinaria a quienes acceden a los cargos públicos bajo la plataforma electoral del peronismo:
"El justicialismo entrerriano reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y ratifica la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por su Congreso Provincial. Quienes fueron elegidos para representar al peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y de defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial".
De este modo, el expediente con el comportamiento de ambas senadoras ya tiene como destino el órgano punitivo del partido: "Por ello, el Partido Justicialista pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas descriptas y determine la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del Partido si así correspondiere".