El Partido Justicialista de Entre Ríos expresó este martes su alarma y rechazo ante el proyecto de reforma previsional que el gobernador Rogelio Frigerio enviará formalmente a la Legislatura provincial durante esta semana. A través de un documento el peronismo entrerriano sostuvo que la iniciativa “implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos”, cuestionando que las modificaciones estructurales pretendan trasladar el costo del déficit de la Caja de Jubilaciones “a quienes menos margen tienen para afrontarlo”.
Desde el principal espacio de oposición señalaron que las herramientas elegidas por la administración provincial prevén “aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo” sin contar, según afirmaron, con “estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido”. Asimismo, el documento advierte de forma taxativa que los cambios normativos impactarán de manera simultánea en el poder adquisitivo de quienes sostienen el sistema y de quienes ya percibieron su retiro: “Los trabajadores activos verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, y los jubilados actuales sufrirán una mayor pérdida frente a la inflación”.
Modificación del cálculo de haberes y la licuación del poder adquisitivo
Uno de los principales cuestionamientos del arco justicialista apunta al corazón de los derechos históricos de los pasivos entrerrianos: el futuro de la movilidad y la base de sustentación del salario diferido. Según plantearon, la alteración de las condiciones de cálculo de los haberes y la ampliación de los períodos considerados para determinar el ingreso inicial derivarán en una reducción drástica del monto jubilatorio.
“Con esta reforma, el 82% móvil deja de ser una garantía real”.
Desde el justicialismo señalaron que, de aprobarse el texto oficial, los futuros beneficiarios “cobrarán menos en relación a su salario en actividad”, lo que rompe de manera directa con uno de los principios constitucionales e históricos del sistema previsional entrerriano. En ese sentido, criticaron la ausencia de “un mecanismo claro y justo de actualización” de las jubilaciones, detallando que al vincular la movilidad a paritarias estatales que vienen ubicándose sistemáticamente por debajo del índice de precios al consumidor, “se consolida un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo” de forma permanente.
Alerta por el aumento de la edad jubilatoria y la pérdida de derechos de género
El texto legislativo enviado por el Poder Ejecutivo cosechó duras críticas al establecer el incremento de la edad jubilatoria para nuevos afiliados hasta los 68 años, un tope que desde el peronismo definieron como “la más alta del sistema público argentino”. El PJ cuestionó que una medida de semejante impacto demográfico y laboral no esté respaldada por análisis científicos sobre expectativa de vida activa o sobre la empleabilidad real en edades avanzadas dentro del sector público de la provincia.
Asimismo, remarcaron que la unificación de la edad de retiro en 65 años para trabajadores actuales y en 68 para ingresantes reviste un carácter regresivo que desconoce “las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres”. De acuerdo con los cálculos presentados la reforma implicaría para muchas mujeres un aumento de hasta ocho años en la edad obligatoria para acceder a la jubilación. Para los trabajadores varones, el incremento exigido por la nueva normativa estatal sería de cinco años respecto al régimen vigente.
Asfixia financiera a los municipios y delegación de facultades al Ejecutivo
La preocupación del documento conjunto se extendió hacia el impacto territorial que el proyecto de ley tendrá sobre las arcas de los gobiernos locales, ya golpeadas por la quita de transferencias nacionales y la caída de la recaudación propia. “El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de que estas sean modificadas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales”, sostuvieron, advirtiendo que esta carga impositiva extra podría comprometer severamente el funcionamiento cotidiano de las administraciones municipales y la prestación de servicios esenciales a los vecinos.
Por otra parte, el peronismo entrerriano plantó bandera contra la cláusula de delegación de facultades contenida en el proyecto, la cual permitiría al gobernador modificar alícuotas de aportes, contribuciones y otras condiciones de sustentabilidad del sistema previsional por fuera del control parlamentario. Para el PJ, esta disposición representa “una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura”. En consonancia, denunciaron que la declaración de emergencia previsional “se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto”, configurando lo que calificaron como “un grave antecedente institucional” para la división de poderes en Entre Ríos.
Convocatoria al debate y defensa del sistema previsional
Sobre el cierre del comunicado, el justicialismo entrerriano adelantó que dará “todo el debate que sea necesario” una vez que el proyecto tome estado parlamentario y comience su tratamiento específico en el seno de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura provincial. Con el objetivo de frenar el avance del ajuste sobre los beneficiarios, anticiparon que convocarán activamente a representantes de los trabajadores en actividad, centros de jubilados y técnicos de los gobiernos municipales para participar de las rondas de discusión.
“Defenderemos el 82% móvil real y efectivo”.
La conducción partidaria reiteró su rechazo unánime a “cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos”, al traslado de costos operativos a las intendencias y a la delegación de superpoderes en el Ejecutivo provincial. “El momento exige un debate serio, con datos, transparencia y responsabilidad política, para garantizar un sistema sostenible sin afectar a quienes sostienen y dependen de él”, concluye el documento del peronismo, marcando el inicio de una compleja batalla legislativa en la provincia.