En una decisión que genera profunda preocupación en los organismos de derechos humanos, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná decidió no hacer lugar al pedido de revocación de la libertad condicional del represor José Darío Mazzaferri, de 68 años. El ex agente de la Policía Federal Argentina, condenado por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, continuará en libertad a pesar de los requerimientos de la justicia penal y las querellas.
La solicitud de detención inmediata había sido presentada por el Fiscal General José Ignacio Candioti. El Ministerio Público Fiscal argumentaba que la pena ya se encontraba firme, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara diversos recursos interpuestos por la defensa del condenado. Sin embargo, el juez de cámara de Rosario, Otmar Paulucci, integrante del tribunal entrerriano, desestimó el planteo.
El argumento judicial que sostiene la libertad del represor
Para fundamentar el rechazo de la detención, el magistrado señaló que, de acuerdo con los informes actualizados del caso, aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja interpuesto por la defensa técnica de Mazzaferri ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras este trámite ante la Secretaría Penal Especial del máximo tribunal del país no sea resuelto en su totalidad, el juez consideró que no corresponde dictar la revocación de la libertad condicional, beneficio que el ex policía federal había obtenido en marzo de 2024 a través de un fallo del propio TOF de Paraná, tras haber pasado un período de detención en la cárcel de Ezeiza.
"La noche del mimeógrafo" y el horror en Concepción del Uruguay
José Darío Mazzaferri fue condenado a la pena de 16 años de prisión al ser considerado coautor de los delitos de asociación ilícita, torturas y secuestros. Los hechos juzgados ocurrieron en julio de 1976 en la localidad de Concepción del Uruguay, en el norte entrerriano, en un trágico episodio histórico recordado como "La noche del mimeógrafo".
Las víctimas de aquel operativo represivo fueron estudiantes secundarios y jóvenes militantes políticos que manifestaban su oposición a la dictadura de Jorge Rafael Videla. El grupo de estudiantes distribuía panfletos políticos impresos de forma casera y la búsqueda de ese instrumento específico motorizó la violencia institucional.
Mazzaferri era quien comandaba la patota que se encargaba de secuestrar a los militantes públicos y trasladarlos ilegalmente. Los jóvenes secundarios permanecieron cautivos en la sede de la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. En ese edificio, el hoy condenado en libertad se encargaba personalmente de someter a los estudiantes a tormentos y, además, era quien enseñaba a sus pares cómo usar la picana eléctrica contra los cuerpos de los detenidos.
Los años de prófugo y la falta de arrepentimiento
Al reclamo de detención inmediata efectuado por la Fiscalía Federal se había sumado activamente María Emma Bargagna, coordinadora del Registro de Únicas Víctimas (RUV), quien intervino en la causa bajo la figura jurídica de amicus curiae (amigos del tribunal).
En su presentación ante el juez Paulucci, la funcionaria remarcó la peligrosidad procesal y el perfil del condenado, recordando que Mazzaferri se profugó de la justicia durante varios años —desde 2009 hasta diciembre del año 2013— antes de poder ser sentado en el banquillo de los acusados, prolongando deliberadamente el sufrimiento y la incertidumbre de las víctimas y sus familiares.
Asimismo, la presentación del RUV destacó de manera tajante que el ex policía federal no ha mostrado arrepentimiento alguno en estos años ni ha pedido perdón por los daños irreparables causados a la sociedad entrerriana, cuestionando severamente que existiera una verdadera "readaptación social" que justifique su permanencia fuera de una celda común.