La Justicia de Entre Ríos resolvió elevar a juicio oral la causa por presunta administración fraudulenta que investiga el vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora del histórico matutino El Diario. La resolución fue adoptada por el juez de Transición Pablo Nicolás Zoff, quien dispuso la clausura de la instrucción y rechazó la totalidad de los planteos dilatorios presentados por las defensas.
El expediente sienta en el banquillo de los acusados a los integrantes de la familia Etchevehere —entre ellos a Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, y a Arturo Sebastián Etchevehere, excandidato a gobernador por La Libertad Avanza— junto a sus hermanos Juan Diego y su madre Leonor Barbero Marcial. Asimismo, serán juzgados los empresarios Walter Grenón y Viviana Grenón, vinculados a la financiera Red Mutual.
El rechazo a los intentos de impunidad y las maniobras defensivas
Al resolver la elevación del caso a debate oral, el juez Zoff desestimó las excepciones de falta de acción por prescripción, atipicidad, vulneración del plazo razonable y excusas absolutorias con las que los imputados pretendían eludir el proceso judicial.
En el mismo pronunciamiento, el magistrado denegó de forma categórica los pedidos de sobreseimiento y las oposiciones a la elevación de la causa planteadas por los representantes legales de los acusados. Por otra parte, requirió que la imputada Leonor Barbero Marcial informe de manera oportuna cualquier condición de salud o edad que requiera adecuaciones especiales durante el desarrollo de las audiencias, garantizando el pleno ejercicio de sus garantías procesales.
La acusación fiscal: descapitalización premeditada e intereses cruzados
La remisión a juicio oral responde al pedido formulado en mayo por el fiscal Álvaro Piérola, quien sostiene que entre los años 2011 y 2015 los directivos y accionistas desarrollaron un esquema deliberado para despojar a SAER de su patrimonio inmobiliario.
De acuerdo con la investigación penal, la maniobra consistió en la transferencia de valiosos inmuebles ubicados en Paraná, Victoria, Nogoyá y Diamante hacia sociedades privadas controladas por los mismos imputados, tales como Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal remarca que las ventas no tuvieron como fin la recuperación económica de la editora, sino la cancelación de supuestas deudas financieras con los propios accionistas y firmas satélites. Esta mecánica dejó a la firma comercial sin activos suficientes para hacer frente a sus compromisos laborales, impositivos y comerciales, provocando un severo daño patrimonial a la histórica institución periodística y a sus trabajadores.
El informe de la sindicatura y la ruta del vaciamiento patrimonial
Un elemento central del expediente judicial reside en las conclusiones de la sindicatura presentadas durante el concurso preventivo de SAER, las cuales documentan cómo las transacciones profundizaron la crisis de la firma hasta conducirla a la quiebra en 2018.
El informe técnico detalla que el proceso de descapitalización se agudizó entre 2010 y 2012, coincidiente con el remate y venta de las propiedades estratégicas de la empresa. La venta de los inmuebles lejos de sanear el pasivo societario, incrementó las deudas operativas y dejó a la editora desprovista de bienes de capital.
Tras el vaciamiento de sus activos, la firma pasó a depender exclusivamente de financiamiento privado no bancario de alto costo y de la pauta publicitaria estatal para sostener sus operaciones mínimas. Las operaciones inmobiliarias enriquecieron a las sociedades compradoras pertenecientes a los propios administradores de SAER, mientras la empresa acumulaba deudas impagables.
Los imputados y las responsabilidades penales en el banquillo
La acusación formulada por el fiscal Piérola fija con precisión las responsabilidades que se debatirán durante el proceso oral:
Leonor Barbero Marcial y Viviana Grenón: Enfrentan cargos en calidad de autoras del delito de administración fraudulenta, habida cuenta de su desempeño en el directorio de la sociedad en el período investigado.
Walter Grenón: Se encuentra imputado como partícipe necesario, dada su intervención operativa a través del entramado de empresas y entidades financieras involucradas en la compra de los inmuebles.
Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere: Deberán responder ante el tribunal como partícipes necesarios del vaciamiento, al haber actuado de forma simultánea como accionistas de la firma vendedora (SAER) e integrantes de Construcciones del Paraná S.A., una de las sociedades adquirentes del patrimonio robado a la empresa.
Con la firma de la resolución del juez Zoff, la provincia de Entre Ríos seencamina a debatir en juicio público la responsabilidad penal del clan empresarial y político en la destrucción de uno de los medios de comunicación más tradicionales del territorio provincial.