La histórica intersección de las Cinco Esquinas de Paraná se transformó este jueves en el epicentro del malestar social y laboral que atraviesa a los agentes públicos de la provincia. Trabajadores de la salud, docentes y jubilados unificaron sus reclamos en una masiva manifestación pública para visibilizar la drástica pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos y manifestar un rechazo rotundo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo entrerriano.
La jornada de protesta fue motorizada de forma orgánica por sectores autoconvocados de la salud y la educación. Las bases cuestionaron con dureza los porcentajes de los aumentos salariales otorgados recientemente por el Gobierno provincial en los ámbitos paritarios, advirtiendo que los actuales esquemas de actualización hunden a las familias estatales por debajo de la línea de la pobreza. Durante la concentración, los manifestantes recurrieron a la distribución de folletería técnica y exhibieron carteles explicativos frente a los automovilistas para difundir la realidad de sus haberes y exigir respuestas urgentes a la Casa de Gobierno.
Paritarias de miseria: la dramática realidad de la salud pública
El sector sanitario expuso las cifras que configuran el deterioro de los salarios en las dependencias hospitalarias. Laura Moreyra, enfermera del Hospital San Martín de la capital entrerriana, graficó la insuficiencia de las últimas ofertas oficiales, sosteniendo que el incremento salarial del 3.5% “no alcanza para nada”. La profesional aseguró que la planta de trabajadores experimenta severas dificultades cotidianas para afrontar los costos logísticos y de subsistencia mínimos:
“Para los enfermeros, ese 3.5% de aumento salarial son 35.000 pesos, es decir, nada”.
“Muchos compañeros se vienen caminando porque no les alcanza para el colectivo”.
La trabajadora de la salud detalló ante los medios que el salario básico de una enfermera que acredita 25 años de antigüedad en el sistema público ronda apenas los 300 mil pesos. En ese sentido, cuestionó el impacto desmedido que los descuentos obligatorios y las tarifas tienen sobre los ingresos de la actividad, y lanzó un emplazamiento directo a los funcionarios de la administración provincial:
“Queremos dirigirnos al gobierno para que piense que, si a ellos le alcanzaría con 35.000 pesos para alimentar a sus hijos, comprarse ropa y pagar la educación. Para nada le alcanzaría. Entonces, que ellos se pongan en el lugar nuestro, de todos los estatales, porque a ninguno nos alcanza el sueldo”.
Moreyra aclaró que, a pesar del desarrollo de la medida de fuerza en la vía pública, el nosocomio de referencia provincial resguardó el derecho a la salud de la población mediante el sostenimiento estricto de guardias mínimas y la atención regular en los distintos servicios. “No dejamos de atender, pero necesitábamos hacernos presentes para visibilizar el reclamo”, afirmó.
El sector pasivo en la línea de pobreza y el reclamo de un plan de lucha unificado
De la manifestación en las Cinco Esquinas de Paraná participaron de forma activa comitivas de jubilados docentes, quienes denunciaron que el sector pasivo sufre de manera directa la devaluación de sus haberes en simultáneo al avance del trámite legislativo de la modificación previsional en el Senado de Entre Ríos.
El docente jubilado César Baudino analizó el escenario socioeconómico de los pasivos entrerrianos, sosteniendo que los jubilados “no escapan a la lógica del ajuste”. El referente previsional contrastó el costo real de la subsistencia biológica frente a los ingresos liquidados por la Caja de Jubilaciones de la provincia:
“La canasta de un jubilado ronda los dos millones de pesos y muchos docentes jubilados cobran alrededor de un millón”.
Asimismo, Baudino alertó sobre el fenómeno del endeudamiento familiar que afecta a los hogares de los trabajadores públicos como estrategia extrema para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud. “Las tarjetas explotan y los intereses hacen que cada vez estemos peor”, remarcó.
En el cierre de la jornada de protesta, el dirigente previsional interpeló de forma directa a las conducciones de las principales organizaciones sindicales de la provincia, instando a las cúpulas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) a romper la fragmentación y avanzar de manera coordinada en las estrategias de resistencia frente a las políticas oficiales:
“Necesitamos unificar los reclamos y que haya asambleas en los lugares de trabajo; no puede ser que haya resoluciones de dirigentes, sino resoluciones desde las necesidades de los trabajadores en los lugares de trabajo”.
“El de los jubilados es un sector muy vulnerables y no podemos sostener esta situación siendo que aportamos 30 o 40 años a la Caja y estemos en una situación de pobreza”.