El avasallamiento sobre los sectores más vulnerables de la sociedad civil ha encontrado un límite institucional en el fuero judicial entrerriano. La Justicia Federal de Concordia dictó un fallo favorable para personas con discapacidad que reclamaban la restitución de pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La resolución marcó un antecedente inédito en la provincia de Entre Ríos, luego de numerosos rechazos administrativos registrados de manera sistemática durante los últimos años.
El abogado Horacio Velázquez Pens, patrocinante de algunos de los amparos presentados, explicó que la medida de fuerza judicial permitió revertir situaciones de extrema vulnerabilidad social y abandono estatal:
“En Entre Ríos estamos sentando jurisprudencia con un fallo favorable por primera vez en favor de las personas con discapacidad en los juzgados federales”.
Excusas administrativas y demoras que asfixian a los pacientes
Según indicó el letrado, durante los años 2024 y 2025 una gran cantidad de expedientes fueron rechazados en la instancia administrativa bajo argumentos burocráticos vinculados a la imposibilidad de verificar datos patrimoniales o antecedentes clínicos por parte de los organismos nacionales, trasladando el costo del bache operativo del Estado a los propios beneficiarios:
“El argumento que se utilizaba era que todavía no podían cruzar datos con registros automotores o inmobiliarios y tampoco volver a verificar el historial clínico”.
Velázquez Pens sostuvo que esas dilaciones y el cese de las partidas presupuestarias afectaron de forma directa a miles de personas con patologías severas y situaciones económicas críticas en todo el territorio provincial. “Tengo casos extremos de cáncer y de vulnerabilidad total”, aseguró el profesional, quien además explicó que en muchos casos los damnificados ya habían atravesado todas las instancias médicas oficiales donde se acreditó fehacientemente su discapacidad y la urgencia de acceder a la pensión por discapacidad.
El desmantelamiento de la ANDIS y el impacto en el territorio federal
La desprotección de los beneficiarios se profundizó a partir de las modificaciones estructurales y el recorte de fondos aplicado sobre los estamentos de control y asistencia sociosanitaria. El abogado remarcó que la situación general del sector se agravó tras los cambios administrativos en el organigrama de la Agencia Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación:
“Se desmanteló la agencia y ahora todo resulta mucho más dificultoso”.
También se indicó que existen severas barreras de acceso para obtener los certificados médicos oficiales necesarios para iniciar los trámites de asistencia, una problemática que se agudiza en las localidades del interior entrerriano debido a la centralización de los recursos y la falta de personal médico validado.
“Hay miles de personas esperando en todo el país y muchas están viviendo de familiares o de changas mínimas”, afirmó.
El camino de la judicialización para consagrar derechos básicos
Ante la falta de respuestas y el silencio de la administración pública, los profesionales debieron recurrir a la vía judicial mediante acciones de amparo y pedidos de sanciones conmutativas para acelerar el curso de los expedientes que el Estado mantiene paralizados. Sin embargo, los tiempos de los tribunales tampoco acompañan la urgencia de las patologías crónicas. “Los amparos están llevando entre un año y un año y medio”, precisó Velázquez Pens.
En ese sentido, se consideró imperioso que el Estado agilice los procedimientos de auditoría y cruce de datos para evitar que los ciudadanos deban atravesar extensos y costosos procesos judiciales para acceder a coberturas que hacen a la subsistencia mínima y a los derechos humanos básicos. El fallo conocido en Entre Ríos ordenó de forma taxativa restituir el beneficio económico a personas cuya situación médica y social ya había sido acreditada y validada previamente mediante las correspondientes evaluaciones oficiales.