Las comisiones de la Cámara de Senadores de Entre Ríos convocaron a las conducciones de los principales gremios del sector público, quienes expusieron de manera unánime y categórica las razones por las cuales se oponen a las modificaciones de la Ley 8.732 de la Caja de Jubilaciones.
El encuentro de trabajo estuvo presidido por los senadores Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso, dio inicio a la hora 9 y se extendió por tres horas. Allí, 16 senadores de diversos bloques provinciales, junto a un grupo de diputados que asistieron como oyentes, escucharon los informes técnicos y políticos de los representantes sindicales, quienes advirtieron que el proyecto oficialista representa un severo retroceso en materia de derechos laborales.
ATE denunció un "brutal ajuste" y advirtió que las jubilaciones caerán al 51%
La primera organización en exponer fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Oscar Muntes, junto al secretario de Organización, Víctor Sartori, apuntaron a la fortaleza de la Multisectorial entrerriana, la cual sostiene formalmente que el proyecto de ley “es contrario a los trabajadores y trabajadoras”. Muntes deslindó al personal estatal de la crisis financiera del organismo previsional y apuntó de forma directa contra los andariveles políticos:
“No somos los responsables de este déficit, fueron los que tuvieron la responsabilidad de gobernar”.
El titular de ATE denunció ante los legisladores un “brutal ajuste, que destroza el 82% móvil, y se pierde el espíritu solidario del sistema”. Según los cálculos desarrollados por el sindicato, las bajas en la tasa de sustitución salarial irán a un 61% del salario general en actividad, alcanzando niveles críticos de hasta un 51% en el caso de las denominadas jubilaciones diferenciadas.
Muntes alertó que la norma implicará un mayor aporte previsional de los activos y una consecuente disminución del poder adquisitivo general de la familia trabajadora. “Tenemos que trabajar en un sistema diferente”, señaló el dirigente, para luego exigir “buscar otro camino para vivir en paz, con mayor equidad y justicia”, solicitando expresamente a los senadores “no avanzar con este proyecto”. A su turno, Sartori calificó la iniciativa como un “proyecto de ajuste” y abogó para que la Legislatura analice la propuesta alternativa de la Multisectorial, que contempla la creación de un fideicomiso de sustentabilidad para financiar la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos sin ajustar los ingresos fijos.
Judiciales advierten inconstitucionalidad y caídas del 36% en los haberes actuales
Posteriormente, la Asociación Judicial de la Provincia de Entre Ríos (AJER), representada por su secretario general, José María Segura, y por Mabel Pedrero, ratificó su coincidencia plena con los planteos de la Multisectorial. Pedrero impugnó los argumentos de la Casa de Gobierno al señalar que la emergencia previsional planteada por el Poder Ejecutivo “es falaz” y que la misma “da pie a la delegación de facultades” del Poder Legislativo hacia el gobernador.
Al tomar la palabra, Segura hizo referencia a “la eliminación de derechos de los trabajadores y el deterioro de los salarios que conlleva a un deterioro de la sociedad”. El sindicalista de la justicia puso de relieve “el principal problema del 82%” y detalló que, de las 13 Cajas provinciales no transferidas a la Nación, la gran mayoría liquida el haber previsional sobre los últimos años de aportes.
De acuerdo con las simulaciones matemáticas realizadas por AJER con las fórmulas matemáticas planteadas en la nueva iniciativa, se proyecta una pérdida real de entre el 30% y el 36% en relación a la jubilación actual. Ante este panorama de confiscatoriedad, Segura puso el acento en los inminentes planteos de inconstitucionalidad que se presentarían ante los tribunales, citando jurisprudencia y antecedentes específicos en la materia.
En sintonía con este diagnóstico, Alfredo Britos se presentó en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Seccional Entre Ríos. El dirigente judicial calificó al texto normativo como un proyecto “regresivo, con ejes centrales insostenibles que serán usina de litigios asegurada”.
El personal legislativo exige que el déficit no caiga sobre los trabajadores
El cierre de las exposiciones gremiales estuvo a cargo del secretario general de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sergio Almeida. El dirigente manifestó ante los 16 senadores presentes que este proyecto de ley “perjudica a los trabajadores y es advertido por todos los sectores” de la administración pública provincial. Almeida instó a los parlamentarios a explorar otras fuentes de financiamiento genuino para contener el rojo fiscal, argumentando con firmeza que el déficit de la Caja “no debe caer en las espaldas de los trabajadores”.
En la última etapa de la reunión, se abrió un espacio de preguntas y debate donde se abordaron temas centrales del conflicto: la afectación directa de los haberes de los jubilados actuales, el impacto de la paridad de género en la edad de retiro, las fórmulas de cálculo y los datos técnicos específicos del sistema asistencial. Asimismo, se profundizaron los detalles del contraproyecto de ley que las organizaciones sindicales elaboraron en conjunto y presentaron formalmente ante la Cámara de Diputados para su consideración.
Del encuentro de trabajo formaron parte los senadores Jaime Benedetti, Marcelo Berthet, Casiano Otaegui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Nancy Miranda, Rafael Cavagna, Patricia Díaz, Claudia Silva, Víctor Sanzberro, Rubén Dal Molín, Juan Conti, Gloria Cozzi y Hernán Méndez.