Apenas 11 días después de haber sido electo en mayo como nuevo presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú (CEG), Gustavo Laplacette fue denunciado ante la Fiscalía por gravísimos hechos de violencia de género, hostigamiento y coacción. El caso avanzó con un allanamiento en las oficinas de la empresa el que se recolectaron pruebas claves para la causa. El hecho, que involucra también a otras altas autoridades de la entidad, expone la desprotección de las trabajadoras ante las asimetrías de poder y el ejercicio de la violencia institucional.
Acusaciones de acoso sexual, extorsión y coacción contra la conducción de la CEG
La denuncia por abuso y violencia laboral fue radicada por una empleada de la empresa Ecotel, la unidad de negocios de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú que provee los servicios de internet, telefonía y televisión. En el expediente N° 4351/2026 la trabajadora manifestó en sede judicial haber sufrido situaciones de "presunta extorsión, coacción o amenaza, violencia laboral y de abuso", según confirmó la fiscal Martina Cedrés.
De acuerdo con lo detallado por fuentes directas vinculadas a la investigación penal, la empleada expuso la existencia de "una deliberada presión de las autoridades mencionadas para realizar acciones contra su voluntad", como así también "acoso sexual y laboral, en un contexto de poder ejercido frente a su negativa a pedidos específicos". El relato de la víctima detalla que los hechos se desarrollaron durante las últimas dos semanas dentro de las instalaciones céntricas de la institución, inmediatamente después de la asunción de los nuevos consejeros directivos que designaron a Gustavo Laplacette como presidente y a Pablo Bourlot como vicepresidente. La denunciante también habría mencionado que "hubo amenazas explícitas sobre su continuidad laboral y referencias a futuras licencias".
Allanamiento en las oficinas de la Cooperativa y medidas de protección
Frente a la gravedad de los delitos denunciados, la fiscal Martina Cedrés solicitó de manera urgente una orden de allanamiento para la sede de la empresa proveedora de energía eléctrica, internet y propietaria del canal de streaming Gchu TV. La medida fue otorgada por el juez de Garantías de turno y ejecutada por el personal de la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, quienes procedieron al secuestro de los soportes informáticos DVR pertenecientes a las cámaras de vigilancia del establecimiento. El material audiovisual fue revisado en presencia de testigos y se aguarda el peritaje técnico para establecer si los registros fílmicos constatan las circunstancias denunciadas por la trabajadora.
Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú puntualizó que la imputación podría ampliarse a otros integrantes del Consejo de Administración en caso de comprobarse la existencia de chats o mensajes cruzados en la plataforma WhatsApp. Al respecto, Cedrés precisó: "Tengo que reunir una serie de pruebas para determinar el alcance de la imputación". En tanto, la funcionaria ratificó que "el Juzgado de Garantías otorgó medidas de protección" hacia la denunciante, las cuales incluyen una prohibición de acercamiento recíproca para Laplacette y Bourlot, garantizando así las condiciones para que la mujer pueda seguir desempeñando sus tareas en las oficinas administrativas ubicadas sobre la calle San Martín.
"Ojo con las pibas": fuerte reclamo en la marcha de Ni Una Menos
El escándalo institucional y judicial generó un masivo repudio social en el sur entrerriano. El pasado 3 de junio, en el marco de las movilizaciones por la Marcha Ni Una Menos, el colectivo feminista y las trabajadoras de Gualeguaychú detuvieron la columna de la manifestación frente a las puertas de la Cooperativa Eléctrica para exigir justicia y el cese de la impunidad en los cargos de jerarquía.
Durante la protesta en el espacio público, las manifestantes pintaron con letras rojas sobre la calzada la consigna: “Ojo con las pibas, los estamos mirando”. La intervención civil visibilizó el descontento de la comunidad ante el letargo corporativo y la urgencia de aplicar normativas de protección contra el acoso callejero y laboral.