El gobierno de Entre Ríos está frente a un inminente conflicto judicial tras la presentación de una intimación formal dirigida al gobernador Rogelio Frigerio. El abogado y ex fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas, Rubén Pagliotto, exigió la inmediata suspensión del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo 1° de agosto de 2026.
La controversia radica en el anunciado reemplazo del actual sistema descentralizado de adquisición de alimentos frescos por un modelo centralizado de provisión de productos industrializados. Según la presentación del letrado, la medida atenta contra la salud de la comunidad educativa:
"Existen fundados cuestionamientos de especialistas en nutrición que advierten sobre la incompatibilidad de estos productos con los estándares nutricionales exigidos para los establecimientos educativos".
Violación a la Ley de Alimentación Saludable y normativas provinciales
El eje central del reclamo es la presunta violación de la Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal). Pagliotto señala que la mercadería provista por la firma TEKNOFOOD S.A. está compuesta, en su gran mayoría, por productos ultraprocesados que poseen sellos de advertencia por excesos en azúcares, grasas y sodio.
El documento destaca una contradicción flagrante con la propia normativa de la provincia de Entre Ríos. La Circular N° 2/2023 de la Dirección de Comedores Escolares establece explícitamente que "no podrán adquirirse alimentos que presenten uno o más sellos de advertencia" en las instituciones educativas, conforme al artículo 12 de la ley nacional. De confirmarse la distribución de estos insumos, el Poder Ejecutivo provincial estaría incumpliendo sus propios marcos regulatorios destinados a garantizar la salud infantil y la nutrición escolar de niños, niñas y adolescentes en territorio entrerriano.
Opacidad oficial y la advertencia de ir a la Justicia penal
La intimación presentada en la Casa de Gobierno también subraya la falta de acceso a la información pública y la opacidad que rodea la adjudicación del servicio. Pagliotto reveló que el pasado 20 de julio solicitó formalmente a la Ministra de Desarrollo Humano los antecedentes técnicos y bromatológicos de la contratación con la firma privada, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha.
Ante este escenario de oscurantismo, se otorgó a la administración de Rogelio Frigerio un plazo perentorio de 72 horas para remitir copia de los actos administrativos de adjudicación y los fundamentos técnicos que sustentan la decisión.
En caso de no obtener una respuesta satisfactoria o de persistir con la implementación del polémico esquema, el abogado advirtió que acudirá a los tribunales locales para interponer acciones de amparo con medidas cautelares y promover una denuncia penal contra los funcionarios responsables por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal).
"No se trata de controvertir una decisión por oportunidad o conveniencia, sino de exigir que la política pública se desarrolle dentro del marco de la Constitución".