La Ley de Salud Mental vuelve a estar en el centro del conflicto en Entre Ríos. Organizaciones sociales, colectivos de usuarios, familiares y profesionales del sector manifestaron su enérgico rechazo al proyecto de modificación impulsado por el Gobierno nacional. En una jornada de debate realizada en la Facultad de Trabajo Social de Paraná, la Asamblea de Salud Mental provincial denunció que los cambios propuestos representan un grave retroceso en materia de derechos humanos y un retorno a modelos de atención ya superados.
La preocupación radica en que la iniciativa oficial desmantela el paradigma de atención comunitaria para favorecer nuevamente la institucionalización, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario que ya asfixia al sistema sanitario provincial.
Un frente común en defensa de la salud pública
Durante el encuentro, los referentes del sector destacaron la amplia unidad alcanzada para frenar la reforma. Paula Kratje, integrante de la asamblea, explicó el alcance de la convocatoria: “La Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos pudo obtener la adhesión de muchísimas otras organizaciones, tanto sociales como de usuarios, familiares, derechos humanos e instituciones académicas”.
Para los especialistas, la vigencia de la actual normativa es una barrera contra la violencia institucional. “Entendemos que hay mucho puesto en juego en este momento y mucho puesto en riesgo para pensar qué salud queremos para la provincia y para la Argentina”, afirmó Kratje, subrayando que la salud mental no puede ser separada de las condiciones de vida de la población.
Críticas al desmantelamiento de los dispositivos comunitarios
La normativa vigente (sancionada en 2010) establece que el abordaje de la salud debe realizarse desde la comunidad, garantizando la inserción social del usuario. Sin embargo, la reforma del Ejecutivo nacional apunta a debilitar estas estructuras.
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Eliminación de garantías: La propuesta oficial debilita dispositivos de vivienda, derecho al trabajo y vida independiente. Según Kratje, “la modificación lejos de resolver, la empeora”.
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Abordaje interdisciplinario en riesgo: Se cuestiona que el proyecto elimine la obligatoriedad de que las estrategias psicofarmacológicas se enmarquen en un equipo de diversos profesionales.
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Retorno al manicomio: La asamblea advierte que se busca reinstalar un modelo basado en el encierro, rompiendo con la premisa de la ley actual que “vino a reparar una historia de violencia institucional”.
Para los profesionales entrerrianos, el problema no es la legislación actual, sino la falta de voluntad política para financiarla: “La dificultad no está en la letra de la ley, sino en cómo implementarla con formación y presupuesto”.
El ajuste presupuestario: la deuda histórica con el sector
Uno de los puntos más críticos expuestos en Paraná fue la brecha abismal entre lo que dicta la ley y la realidad de los recursos asignados. Matías Passi, también integrante de la asamblea, aportó datos contundentes sobre el desfinanciamiento crónico que sufre el área.
“El presupuesto que prevé la Ley Nacional de Salud Mental es el 10% del presupuesto total de salud destinado a salud mental. Ese presupuesto nunca ha superado el 2%”, explicó Passi. El profesional denunció además que la escasa inversión se concentra mayoritariamente en hospitales monovalentes, postergando la creación de centros de atención en los barrios y localidades del interior.
“El mayor recurso está puesto sobre los hospitales con internación y no en la necesidad de crear dispositivos sustitutivos en el territorio”, concluyó Passi, marcando la necesidad de una perspectiva federal que acerque la salud a cada rincón de Entre Ríos.
Ante este escenario de ajuste y desmantelamiento de derechos, la comunidad de salud mental de la provincia se mantiene en estado de alerta, exigiendo que se respete la plena implementación de la ley vigente y se detenga una reforma que, bajo la excusa de la modernización, amenaza con devolver a los pacientes a la oscuridad del encierro.