Frente a la Casa de Gobierno, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) instaló un campamento con carpas en Plaza Mansilla para intentar persuadir a los senadores que iniciaron el debate sobre el proyecto de ley enviado por el gobernador Rogelio Frigerio. La manifestación frente a la Casa de Gobierno coincidió con el momento en que se desarrollaba la sesión del Senado provincial, marcando el inicio de un plan de lucha en resguardo de la Caja de Jubilaciones.
Bajo la consigna histórica de "La ley 8.732 No se toca", las filiales departamentales del gremio mayoritario marcharon para expresar su rechazo orgánico a la iniciativa denominada oficialmente de "Restauración del Equilibrio", al considerarla contraria a los intereses del pueblo entrerriano, sus trabajadores y sus pasivos. Desde la conducción de AGMER señalaron el impacto directo que el texto oficial provocará sobre el escalafón:
"El gobierno de Rogelio Frigerio pretende que tome estado parlamentario un proyecto de ley que va a afectar a todos, a quienes hoy ya son jubilados y a quienes vienen detrás, empobreciendo aún más los salarios de activos y haberes previsionales. Exigimos a nuestros Senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda: Nuestras jubilaciones no son de privilegio, que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna".
El impacto de la reforma en el haber jubilatorio inicial y el régimen docente
La docencia entrerriana denunció que el articulado representa un severo retroceso en los derechos de las trabajadoras, alterando las condiciones básicas de permanencia en el sistema y destruyendo los pilares de la movilidad automática. A través de un pronunciamiento emitido en el marco de la instalación del campamento, el gremio reprochó al Poder Ejecutivo provincial la falta de apertura al debate público y enumeró las modificaciones que configuran la pérdida del beneficio previsional:
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Aumento de la edad jubilatoria: El proyecto eleva la edad obligatoria llevándola en el caso del varón de 62 a 65 años y en la mujer de 57 a 65 años. Asimismo, para aquellos agentes que comiencen a aportar al sistema con la nueva vigencia de la ley, la edad de retiro se eleva directamente a los 68 años.
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Incremento de los años de servicio: Los años obligatorios con aportes pasan de los 30 establecidos actualmente a un total de 35 años de servicios efectivos.
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Extensión en edad avanzada y aportes en la pasividad: La jubilación por edad avanzada pasará de 68 a 70 años. El proyecto incorpora además que el jubilado o jubilada deberá seguir aportando obligatoriamente hasta alcanzar la edad ordinaria común.
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Modificación del cálculo inicial: El cálculo del haber jubilatorio pasará de computar los últimos 10 años de actividad a promediar los últimos 20 años (240 remuneraciones), lo que generará un haber jubilatorio inicial hacia abajo que contribuirá a liquidar el valor del beneficio.
Respecto al impacto específico sobre las trabajadoras de la educación y el retroceso en materia de equidad, el documento sindical enfatizó:
"Se destruye el criterio que constituye una reparación para la mujer desde una perspectiva de género, por lo que implican las tareas domésticas y de cuidado, no reconocidas salarialmente, en la vida laboral de las compañeras".
Alerta por la disolución del 82% móvil y la desregulación financiera
La principal preocupación de la docencia se concentra en la licuación de los ingresos reales frente a un contexto de alta inflación y en la desarticulación del sistema protector. De acuerdo con el análisis del sindicato, el texto oficial promueve una devaluación del salario diferido aplicable de forma inmediata a partir de su promulgación:
"Es un brutal recorte a las jubilaciones docentes y todo otro régimen especial dentro de la ley, produciendo una licuación del haber jubilatorio y una disolución del 82% móvil. Este recorte es inmediatamente aplicable a la sanción y promulgación de la ley".
El pliego de reclamos advierte además que la redacción deja desprotegida la actualización de los pasivos respecto a los aumentos salariales que consigan los trabajadores en actividad. Al respecto, el documento técnico alertó:
"No queda garantizado en la redacción del nuevo proyecto de ley que los haberes jubilatorios docentes mantengan el enganche con los aumentos de los activos, lo cual pone severamente en entredicho la movilidad jubilatoria. Las pensiones se ven seriamente ajustadas y recortadas. Se aumenta la edad jubilatoria común, se diluye el 82% por un aporte a perpetuidad aún siendo jubilado y la movilidad se pierde en una redacción confusa y malintencionada. Ni 82%, ni móvil. Y en suma, se castiga a los más vulnerables bajo un discurso falaz y una redacción engañosa pero que no pierde su brutalidad sobre la clase trabajadora".
Un escenario de confrontación legislativa en Entre Ríos
El gremio enmarcó el envío del proyecto dentro del contexto de crisis económica y retracción del mercado interno que experimentan las provincias ante el recorte de fondos federales por parte de la administración nacional, señalando la complementariedad de las medidas fiscales aplicadas en el orden local:
"En el momento de caída a la vulnerabilidad social de miles compatriotas a través de la motosierra de Milei, que Frigerio apoya y aplica sin temblarle la mano; de sueldos congelados y una inflación que aún manipulada en sus índices golpea mes a mes nuestros bolsillos; con empresas y pymes que cada día caminan hacia su quebranto; con un endeudamiento sideral para cubrir necesidades alimentarias, el gobernador no detiene la maquinaria de ajuste".
Finalmente, el magisterio entrerriano anticipó que mantendrá la permanencia en las calles y exigió a los legisladores provinciales que detengan el trámite parlamentario en las comisiones de debate para evitar una profundización del cuadro de conflictividad social en la provincia:
"Nos encontramos ante la bestialidad de la motosierra en manos de Frigerio. Será responsabilidad de los legisladores ponerle un freno y se rechace esta ley. Basta de saqueo contra los jubilados y jubiladas. El ajuste, todos lo sabemos, solo preanuncia mayor ahondamiento de la crisis económica, empeoramiento del cuadro social y afectación de las fuentes de trabajo. Y también traerá la resistencia de la clase trabajadora en las calles".