El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el artículo 277 del Código Penal Argentino. La iniciativa busca excluir de manera taxativa la denominada “excusa absolutoria familiar” en los casos de encubrimiento de femicidios, femicidios vinculados y homicidios dolosos cometidos en contexto de violencia de género. Con esta reforma, el legislador entrerriano apunta a terminar con los vacíos legales que permiten a los entornos cercanos de los agresores obstaculizar el accionar judicial sin recibir sanciones penales.
Responsabilidad penal por encubrimiento activo y destrucción de pruebas
La propuesta legislativa está diseñada para que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas puedan ser penalmente responsables cuando realicen conductas activas destinadas a garantizar la impunidad del autor. Entre las maniobras que quedarían tipificadas y sujetas a castigo se encuentran el ocultar pruebas, alterar la escena del crimen, destruir rastros o brindar información falsa a la justicia. La reforma busca delimitar claramente las responsabilidades, asegurando que el afecto o el parentesco no funcionen como un pasaporte para la impunidad delictiva.
Contradicción en la legislación actual del Código Penal
La propuesta surge a partir de una contradicción existente en la legislación actual. Michel expuso en los fundamentos que, si bien la Ley 26.971 incorporó la figura de femicidio y reconoció la extrema gravedad de la violencia de género, el Código Penal mantiene una exención de responsabilidad para determinadas personas cercanas al autor del delito, aun cuando participen activamente en maniobras destinadas a encubrirlo. Esta distorsión normativa genera que los lazos de consanguinidad o convivencia terminen prevaleciendo por sobre la gravedad del delito contra la vida.
Adecuación a los tratados internacionales y la Convención de Belém do Pará
El proyecto procura adecuar la legislación argentina a los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres. Esta iniciativa parlamentaria se presenta, además, en un contexto donde Argentina viene sufriendo un retroceso en políticas de género y prevención de violencia, volviendo indispensable robustecer las herramientas procesales de la justicia.
Límites a la protección de los vínculos afectivos
Para Michel, la lealtad familiar debe encontrar un límite infranqueable ante crímenes de odio y violencia machista. Al respecto, el diputado afirmó de manera contundente que “la protección de los vínculos familiares no pueden llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar, y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”. El reclamo se alinea con la demanda social de obtener procesos judiciales transparentes y sin interferencias corporativas o afectivas.
Penalización exclusiva de las conductas activas
Finalmente, el legislador nacional se encargó de aclarar los alcances técnicos de la reforma para evitar interpretaciones erróneas sobre el derecho a la no autoincriminación o la objeción de conciencia. Al respecto, señaló que “el proyecto no penaliza la mera pasividad, el silencio ni la abstención de declarar. Penaliza el encubrimiento activo de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género”. De este modo, la ley se concentrará exclusivamente en castigar el accionar deliberado de entorpecimiento y ocultamiento de la verdad.