A través de la decisión administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Manuel Adorni y Luis Caputo, el Gobierno nacional ejecutó un nuevo y brutal recorte sobre la obra pública en las provincias. El incumplimiento de los acuerdos previos afecta directamente a jurisdicciones que han acompañado las reformas de la Casa Rosada, dejando al descubierto la fragilidad de los pactos políticos frente a la lógica del déficit cero. En Entre Ríos, el impacto es alarmante: el sistema de agua potable de Concordia perdió una partida de $4.713 millones.
El costo del apoyo legislativo: obras por votos
Las obras afectadas formaban parte de los compromisos tejidos durante la negociación del Presupuesto y la reforma laboral. Para asegurar los recursos en sus jurisdicciones, los gobernadores instruyeron a sus legisladores para que respaldaran ajustes en áreas sensibles como educación, ciencia y defensa. Sin embargo, el desplome de la recaudación y la caída de la actividad económica provocaron un rojo financiero de más de USD 2.000 millones, que el ministro de Economía decidió saldar con una poda sobre la infraestructura social básica.
Además de la quita de fondos en nuestra provincia, el hachazo presupuestario alcanzó a otros aliados estratégicos:
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Tucumán: sufrió un recorte de $7.359 millones destinados al Acueducto Vipos.
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Santa Fe: perdió $4.284 millones que debían financiarse para la planta depuradora de Rafaela.
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Chubut: se quedó sin $4.121 millones para el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia.
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Catamarca: el ajuste impactó sobre la Ruta Nacional 38, a pesar de que el gobernador Raúl Jalil cedió un bloque de tres diputados para apoyar las iniciativas oficiales.
Silencio oficial y excusas ante el incumplimiento
A pesar de la gravedad institucional y social que implica dejar sin financiamiento obras de saneamiento y acceso al agua, la respuesta mayoritaria de los mandatarios provinciales ha sido la cautela extrema o la justificación del ajuste nacional. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio optó por el silencio, mientras que otros gobernadores intentaron vincular la quita de fondos con otros beneficios financieros obtenidos previamente.
Desde los entornos de Ignacio Torres (Chubut) y el propio Frigerio se deslizó que sus provincias habían sido beneficiadas antes con el régimen de compensación de deudas. No obstante, esta postura omite que la renegociación de pasivos a tasas más favorables no reemplaza la obligación ineludible del Estado nacional de garantizar infraestructura básica para la población. Por su parte, el tucumano Osvaldo Jaldo incluso buscó exculpar al gobierno nacional afirmando que las obras siguen en pie, a pesar de la quita de partidas ya oficializada.
Diferencias en la alianza: la salud en el centro del reclamo
Dentro del bloque de gobernadores aliados, la voz más crítica provino de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro, a través de su vocera Virginia Coudannes, denunció la profundidad del ajuste: "Vivimos de recorte en recorte: medicamentos, insumos y tecnología, prevención y tratamiento de cáncer, enfermedades transmisibles como VIH, lepra y otras herramientas para trabajar sobre salud sexual. Y también insumos para el Incucai".
La funcionaria santafesina cuestionó con dureza la sensibilidad social de los encargados de las cuentas nacionales, sentenciando: "Nos preguntamos si estos funcionarios conocen los hospitales; si los han transitado... No sé si conocen lo que le pasa a la gente". Mientras tanto, en el Palacio de Hacienda, la decisión administrativa que contiene más de 500 páginas de anexos confirma que el hachazo alcanzó también a provincias como Salta, Río Negro y Chaco, profundizando la incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura federal.