Once años después de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la Argentina, el grito de Ni Una Menos volvió a reunir a cientos de personas en las calles de Paraná para reclamar justicia por las víctimas de la violencia de género. Una masiva marcha de más de cuatro cuadras recorrió la capital entrerriana con consignas contra los femicidios y en defensa de los derechos de mujeres y diversidades, en un escenario fuertemente marcado por la quita de recursos y la precarización de las condiciones de vida.
La jornada comenzó con una concentración en la Plaza Primero de Mayo con una multitud que no se resigna al silencio. Posteriormente, la columna avanzó hacia la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, donde referentes de distintas organizaciones dieron lectura a un documento consensuado. Allí advirtieron que las cifras de la violencia machista continúan siendo alarmantes y reclamaron respuestas concretas de los distintos niveles del Estado, vinculando de forma directa la vulnerabilidad de las mujeres con la actual crisis económica.
Estadísticas que reflejan la gravedad de la problemática estructural
Durante el acto central se expusieron los datos que reflejan la desprotección y la falta de respuestas eficaces por parte de los organismos oficiales. “Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina: 3144 femicidios, 46 travesticidios y transfemicidios, lesbicidios y 15 instigaciones al suicidio”, expresaron durante la lectura del comunicado.
Las organizaciones de la Multisectorial remarcaron que durante estos once años se registró “un femicidio cada 31 horas” y señalaron que 2714 niñas y niños quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes. Además, alertaron que solamente entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se contabilizaron 99 víctimas fatales de violencia machista. En el plano local, el registro que llevan las organizaciones comunitarias ya contabiliza tres mujeres asesinadas en lo que va del año en territorio provincial; cifras que contrastan de manera drástica con los discursos oficiales sobre “políticas de género exitosas”.
En otro tramo del documento, las manifestantes dirigieron una interpelación directa a los varones: “¿Qué están haciendo para evitar que nos sigan matando? ¿Qué están haciendo para desmontar la violencia machista que atraviesa sus espacios de trabajo, sus sindicatos, sus organizaciones, sus clubes, sus partidos políticos y sus familias?”, plantearon.
Asimismo, cuestionaron con dureza las iniciativas legislativas vinculadas a las denominadas “falsas denuncias”. En ese sentido, sostuvieron que los organismos especializados del Poder Judicial entrerriano no registran cifras significativas sobre ese tipo de casos y enfatizaron que el problema principal continúa siendo la falta de respuestas eficaces frente a las denuncias por violencia de género.
Críticas a las políticas públicas y al impacto de la reforma previsional
Durante la lectura del documento frente a Casa de Gobierno, las organizaciones responsabilizaron tanto al presidente Javier Milei como al gobernador Rogelio Frigerio por la falta de políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género, denunciando el desmantelamiento de las redes de contención estatales.
“Si bien son los femicidas quienes terminan con nuestras vidas y nuestros cuerpos, sabemos que también son las faltas de políticas públicas las que matan”, expresaron de manera categórica. Respecto del gobierno nacional, cuestionaron lo que definieron como “discursos de antifeminismo de Estado”, además del “negacionismo y banalización de las desigualdades”.
En relación con la gestión provincial, las organizaciones denunciaron recortes y ajustes que, según afirmaron, afectan directamente a las herramientas de prevención y asistencia en los territorios. Desde Concordia hasta Gualeguaychú, las columnas se organizaron con demandas de carácter estrictamente federal, donde se expuso la particularidad entrerriana: el reclamo histórico por la escasez de refugios para víctimas y la preocupante demora en la implementación efectiva de la Ley Micaela en los distintos organismos municipales.
Por último, el movimiento civil manifestó un rechazo absoluto a los aspectos de la reforma previsional impulsada en Entre Ríos, advirtiendo que las modificaciones previsionales atentan contra los derechos laborales adquiridos por las trabajadoras estatales. Las organizaciones criticaron la eliminación de la posibilidad de que las mujeres accedan a la jubilación cinco años antes que los varones: “Nos quieren convencer de que eliminar esa diferencia es igualdad. Pero no existe igualdad cuando se desconocen las condiciones materiales en las que transcurren las vidas”, sostuvieron finalmente, cerrando una jornada de masiva movilización popular en la provincia.