La decisión del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de cerrar por decreto las negociaciones salariales con el sector público e imponer un incremento del 3,5% para los haberes de mayo desató una fuerte ola de rechazo en la provincia. La medida fogoneó el conflicto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el frente que nuclea al sector docente, representado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato de Docentes Privados (SADOP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), organizaciones que repudiaron de forma unánime el ajuste sobre los ingresos.
Desde la representación gremial calificaron la determinación del Ejecutivo provincial como una «práctica desleal» y una «conducta irresponsable» por parte del mandatario, advirtiendo que la resolución unilateral vulnera las instancias de negociación colectiva en un escenario económico sumamente complejo para los trabajadores de la administración pública.
La pérdida del poder adquisitivo frente a la canasta básica
El principal argumento de las organizaciones sindicales radica en la insuficiencia del porcentaje otorgado frente al costo de vida actual. La propuesta oficial se basó en el indicador de inflación de marzo (3,4%), que era el último dato formalizado al momento de la discusión. Sin embargo, para los representantes de los trabajadores, esta metodología constituye una estrategia para congelar la pérdida acumulada por los haberes en lo que va de 2026.
«La política y las prácticas del gobierno de Frigerio vacían de sentido al ámbito paritario y minan la confianza necesaria para la discusión y construcción democrática», indicó el gremio.
Asimismo, los referentes sindicales encendieron las alarmas sobre la realidad socioeconómica de los hogares entrerrianos al advertir que el salario actual apenas cubre el 43% de la canasta básica, ubicando a la mayor parte de los trabajadores de la educación y estatales por debajo de la línea de la pobreza.
La postura oficial: el "máximo esfuerzo" y las contradicciones en los plazos
En la vereda opuesta, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la decisión del Ejecutivo entrerriano bajo la premisa de la restricción presupuestaria, afirmando que “not se puede prometer lo que no se puede pagar”. El funcionario recordó que en el mes de marzo el gobernador había dispuesto mediante un decreto previo el incremento del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y del adicional de Conectividad, asumiendo entonces el compromiso de reabrir el diálogo salarial dentro de un plazo de 90 días.
No obstante, la justificación oficial del adelantamiento del debate paritario introdujo elementos que los gremios consideraron contradictorios. “Al día 66 (que se cumplió el 7 de mayo), o sea, un mes antes del plazo perentorio, el decreto del gobernador consideró que es necesario juntarnos, llamar a paritarias e ir a la mesa de discusión”, argumentó el titular del CGE, omitiendo explicaciones sobre los motivos que llevaron a clausurar la instancia de negociación por vía de decreto antes de que expirara el periodo establecido.
Por otra parte, Cuenca intentó llevar tranquilidad a los sectores públicos afirmando que la reaudación provincial «dejó de caer», una declaración que profundizó el malestar entre estatales y docentes frente a la persistencia del techo salarial. Mientras la gobernación insiste en que el 3,5% representa el «máximo esfuerzo» fiscal, los sindicatos denunciaron que el sostenimiento de las sumas fijas de 60 mil pesos -divididas entre Fopid y Conectividad- configura «un esquema de parches que no impacta en la pirámide salarial».
Crisis política en el Consejo General de Educación
El escenario de disputa salarial sumó un componente de debilidad institucional en los mandos medios de la gestión educativa provincial. En las últimas horas se oficializó la renuncia de Santiago Laumann, quien se desempeñaba como vocal del CGE.
Aunque desde la presidencia del organismo que conduce Carlos Cuenca se intentó relativizar la relevancia del alejamiento del funcionario definiéndolo como una «decisión personal», la salida se concreta en el momento de mayor tensión con las bases docentes y expone las dificultades en la conducción de la política educativa entrerriana en medio de las medidas de fuerza.