El intento del Gobierno nacional por derogar la Ley de Protección a la Actividad Librera (N° 25.542) encendió las alarmas en todo el ecosistema cultural y editorial argentino. La normativa, sancionada a fines de 2001 e inspirada en legislaciones internacionales como la Ley Lang francesa, establece que los editores o importadores fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) para cada título. Esta regulación garantiza condiciones de competencia equitativas entre pequeñas librerías independientes de barrio y grandes cadenas comerciales o plataformas de venta online.
Frente al avance del proyecto oficialista, la Fundación El Libro y referentes del sector de todo el país manifestaron su profunda preocupación por lo que consideran un ataque directo a la diversidad cultural y a la supervivencia de los comercios de proximidad.
La "columna vertebral" del ecosistema editorial en peligro
A través de un pronunciamiento oficial, la Fundación El Libro calificó a la norma vigente como la “columna vertebral” del sector y rechazó el proyecto de desregulación impulsado por el Poder Ejecutivo nacional. Desde la entidad remarcaron que la eliminación del precio uniforme:
"dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado, como las librerías independientes, las editoriales de menor escala y los autores, al tiempo que favorecerá la concentración del negocio".
El rechazo institucional advierte que, lejos de generar mayor oferta o mejores condiciones para el lector, la medida promueve un esquema de libre mercado donde los actores de mayor poder económico podrán asfixiar a los eslabones más débiles del entramado productivo.
El impacto en Entre Ríos: "Nos veríamos obligados a dejar el rubro"
En el ámbito provincial, las repercusiones de la medida generan fuerte incertidumbre. Pedro Demonte y Juan Sebastián Demonte, propietarios de El Templo del Libro —uno de los comercios tradicionales de la ciudad de Paraná—, analizaron el impacto destructivo que tendría la desregulación para la actividad librera local.
Consultados sobre la postura del Ejecutivo, consideraron desacertado modificar una herramienta consensuada por toda la cadena de valor de la lectura:
"Está mal porque es algo que funciona y que cuenta con el consenso de todas las partes involucradas en el mundo del libro. Por eso, derogar la ley sería una decisión muy desacertada, sobre todo para nosotros, las librerías pequeñas e independientes, y para las editoriales chicas".
Asimismo, advirtieron a APF sobre el escenario sumamente desigual al que se enfrentarían los comercios tradicionales si se elimina el precio fijado por el editor, abriendo la puerta a prácticas corporativas de competencia desleal por parte de grandes superficies, supermercados o plataformas digitales:
"Sería imposible competir: lo que se busca es eliminar la competencia mediante el 'dumping'. En ese escenario, nos veríamos obligados a dejar el rubro".
Los comercios de cercanía como polos culturales esenciales
Las librerías tradicionales no cumplen un rol meramente mercantil, sino que funcionan como centros de encuentro, contención y promoción de la lectura y el pensamiento crítico dentro de cada comunidad. Al referirse a la dinámica cotidiana de su local y al perfil de los lectores paranaenses que lo frecuentan, los libreros detallaron el valor social de su actividad:
"El cliente que llega a nuestra librería, en su mayoría, ya sabe lo que viene a buscar. Tenemos un rango de edades muy amplio: desde chicos que vienen todas las semanas o cada mes por sus cómics, hasta público adulto que busca principalmente novelas, libros de superación personal, política o temas relacionados con la historia de Paraná y de la provincia".
El debate permanece abierto en la agenda pública nacional mientras la comunidad cultural —desde autores y editores hasta libreros de proximidad en cada rincón de Entre Ríos— se organiza para defender una herramienta clave que resguarda la bibliodiversidad, el patrimonio simbólico y el derecho de acceso equitativo a la lectura.