El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, afronta un nuevo proceso en Paraguay, esta vez bajo la grave acusación de presunto lavado de dinero. El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dictó medidas reales sobre seis departamentos que el exlegislador habría adquirido en el país vecino utilizando fondos de procedencia espuria, en una causa que tramita en paralelo al juicio que se le sigue por el supuesto contrabando de divisas. Kueider había sido detenido tras intentar pasar a Paraguay 200 mil dólares días después de que su voto en la Cámara de Senadores fuera clave para la aprobación de la Ley Bases de Javier Milei.
La ruta de los departamentos en Asunción y la firma de maletín
La resolución judicial, visibilizada por medios paraguayos como el portal ABC, determinó el procesamiento de Kueider y de su exsecretaria, Iara Magdalena Guinsel Acosta, junto a los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. La imputación, impulsada por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdéz, sostiene que existen indicios claros de que los investigados introdujeron sumas de origen ilícito en el sistema financiero y comercial de Paraguay para adquirir bienes raíces de alto valor.
El magistrado decretó la prohibición de innovar y contratar sobre las unidades inmobiliarias, justificando la medida “atendiendo a la necesidad de evitar la eventual dispersión de los activos y de asegurar los fines del proceso”.
La maniobra delictiva se concentró en el edificio Innova Las Mercedes, ubicado en una zona exclusiva de Asunción, sobre la avenida General Santos esquina Marco de Brix.
Para canalizar el flujo de capitales y opacar la trazabilidad del dinero, la organización habría utilizado como fachada a la empresa de maletín Golsur SA. Esta estructura jurídica permitía la recepción y administración de fondos de ciudadanos argentinos, colocándolos a nombre de la sociedad anónima con la finalidad de ocultar a los verdaderos beneficiarios y borrar el rastro del financiamiento destinado a la compra de los inmuebles. Se trata de la misma firma que estuvo bajo sospecha cuando el exsenador y su pareja fueron detenidos originalmente al intentar ingresar dólares no declarados a territorio paraguayo.
El origen de los fondos y los vínculos con las causas en Argentina
La hipótesis que maneja el Ministerio Público de Paraguay se nutre de los antecedentes que el exlegislador acumula en los tribunales de su propio país. Basándose en los informes sobre las causas por presunto enriquecimiento ilícito que Kueider registra en Argentina, la Fiscalía presume que los imputados desarrollaron desde el año 2017 una serie de actividades delictivas continuadas para blanquear capitales.
De hecho, esta línea de investigación constituye una derivación directa de las pesquisas desarrolladas en la justicia federal argentina, donde el fiscal Fernando Domínguez imputó formalmente a Kueider por los supuestos delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público.
El mecanismo comercial en Paraguay se estructuró a principios de 2024. En el mes de abril de ese año, las firmas Innova Asunción SA (representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires) y Exclusiva Py EAS (representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat) acordaron comercializar en conjunto las unidades habitacionales. Cousirat y Torales son los mismos integrantes fundadores de Golsur SA, la sociedad donde Guinsel Acosta comenzó a figurar posteriormente en calidad de apoderada. En ese mismo mes de abril, la exsecretaria de Kueider entregó en efectivo a la constructora una seña inicial de 122.000 dólares. Dos meses más tarde, en junio, se selló el contrato de compraventa definitivo por las seis unidades y sus cocheras, por un valor total de US$ 460.379.
Inconsistencias en el circuito del dinero y los sospechosos viajes
La trazabilidad del pago total en efectivo, reconstruida minuciosamente por las autoridades judiciales en el expediente, expone un flujo de divisas constante durante los meses de junio y julio de ese año:
-
19 de junio: Guinsel entregó US$ 5.000 (recibo N° 1.946).
-
20 de junio: Abonó US$ 250.000 en efectivo (recibo N° 1.947).
-
2 de julio: Pagó US$ 40.000 también en efectivo (recibo N° 1.977).
-
4 de julio: Abonó otros US$ 60.000 (recibo N° 1.992).
-
9 de julio: Pagó US$ 30.000 en efectivo (recibo N° 2.019).
-
16 de julio: Abonó US$ 55.380 (recibo N° 2.038).
-
17 de julio: Completó el saldo remanente con la entrega de 20.000 pesos en efectivo (recibo N° 2.044).
La investigación judicial detectó que los movimientos de la organización se concentraban con fuerza entre Ciudad del Este y Asunción, aunque con una mayor preeminencia en la capital paraguaya. Con respecto al alcance del entramado, el portal ABC consignó la sospecha de los investigadores: “Creemos que comenzó a desarrollar negocios inmobiliarios con esta empresa, como manejando fondos de otros dirigentes políticos, inversiones de otra gente en Paraguay”.
Por último, el expediente penal expone severas inconsistencias burocráticas que debilitan la estrategia de la defensa de los imputados, especialmente en lo relativo a una presunta devolución de los fondos y a la posterior anulación de las operaciones inmobiliarias. Los registros oficiales de la Dirección de Migraciones revelaron que no consta el ingreso al país de Iara Guinsel durante el período en que supuestamente se realizaron dichas transacciones de restitución. La mujer había salido de Paraguay el 21 de junio y regresó recién el 13 de octubre, lo que demuestra que al momento en que la firma alega haberle devuelto el dinero en efectivo, ella no se encontraba físicamente en el territorio vecino, un indicio clave que la Justicia valorará para desarmar la coartada oficial.