La avanzada del Gobierno provincial para sancionar la reforma jubilatoria genera una creciente tensión en el mapa político y sindical de la provincia. Luego de obtener media sanción en la Cámara de Senadores, el proyecto oficialista ingresa este miércoles a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde el frente gremial se mantiene en estado de alerta máxima. Desde la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la iniciativa está cargada de inconsistencias jurídicas y advirtieron sobre la inminente presentación de recursos legales para frenar su aplicación.
El secretario general de ATE, Oscar Muntes, afirmó que el sector gremial que integra la Multisectorial no se quedará "de brazos cruzados" ante lo que consideran una abierta violación a los derechos consagrados en la Carta Magna provincial.
Advertencia gremial ante la inminente sanción del proyecto previsional
A pesar del malestar generalizado entre los trabajadores del sector público, desde la conducción sindical remarcaron que la prioridad es agotar las instancias de discusión institucional antes de trasladar el reclamo a los tribunales. Sin embargo, recalcaron que la inconstitucionalidad de la norma es una posición compartida por diversos actores del campo legal y judicial de la provincia.
Respecto de esta disyuntiva entre el plano normativo y la estrategia de lucha, Oscar Muntes detalló la postura de los trabajadores:
"Esperemos no llegar a esta definición legal porque lo tiene que resolver primero la política. Nosotros, como primera alternativa, creemos que es la política que es la que tiene que resolver antes de llegar a la judicialización. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la judicialización estamos dependiendo de que la justicia resuelva un derecho. Sí, hemos hablado con muchos sectores y tenemos definiciones de que la gran parte de esta reforma es inconstitucional. Lo han planteado los mismos abogados y los mismos magistrados. Esperemos no llegar a esta definición legal".
Denuncian "acuerdos espurios" en el Senado para imponer el ajuste
El tránsito legislativo de la reforma previsional dejó al descubierto duras maniobras políticas dentro de la Cámara Alta. Muntes cuestionó con severidad la articulación del Ejecutivo con los bloques opositores, apuntando directamente contra el rol de las senadoras peronistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda, cuyos votos resultaron clave para destrabar la media sanción de la iniciativa impulsada por el oficialismo.
El titular de ATE definió estas transacciones de cúpula como una manifestación de "lo peor de la política" que profundiza el descontento de la sociedad hacia la dirigencia institucional. En ese marco, defendió la política como una herramienta transformadora para el desarrollo social, diferenciándola de las prácticas de representatividad que vulneran los derechos de la clase trabajadora.
A esta ofensiva sobre el sistema asistencial se suma el rechazo sindical al reciente decreto de concurso dictado por la administración provincial, al que calificó como una "barbaridad". Según explicó el dirigente, esta normativa excluye arbitrariamente a los sindicatos minoritarios de la negociación colectiva, sumando una nueva arbitrariedad que también terminará en los tribunales.
"Salarios de miseria" y ajuste sostenido sobre los trabajadores estatales
El conflicto por las jubilaciones en Entre Ríos no se da en forma aislada, sino en el marco de una acelerada pérdida de la masa salarial y el deterioro generalizado de las condiciones de empleo en la administración pública. La parálisis en la recomposición de los haberes choca de frente con las promesas oficiales formuladas al inicio de la gestión.
Consultado sobre la coyuntura del sector estatal, Oscar Muntes trazó un diagnóstico crítico de la situación socioeconómica provincial:
"La situación nuestra es muy difícil en el Estado provincial. La pérdida del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno en diciembre de 2023 hasta la actualidad, es de 41,4%. Desde el primer momento el gobierno nos dijo 'hay que aguantar los primeros seis meses porque después vendrá un plan de recuperación salarial'. Y aún lo estamos esperando".
Agregó que "Hay cientos de compañeros que se quedaron sin trabajo. Hay contratos que han caído y una andanada de sumarios contra los trabajadores. Pérdida de poder adquisitivo, del trabajo y el Estado que aún no arranca hasta ahora".
Severa precarización laboral y emergencia salarial en los municipios
La crisis que atraviesa el empleo público alcanza niveles aún más graves en el ámbito de las administraciones locales, donde la asfixia presupuestaria y los salarios por debajo de la línea de indigencia repercutirán de forma directa en el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones.
Refiriéndose a la vulnerabilidad que golpea a los municipios entrerrianos, Muntes concluyó: "Nosotros tenemos garantizado como mínimo salarial unos $980 mil y un $1.000.100. En los municipios estamos peores. Hay un solo municipio que llega al millón de pesos como mínimo garantizado. Duele muchísimo. Hay salarios de $220 mil, $340 y $400 mil pesos. Hay diferentes formas de contratos en el interior, donde le municipio es el único lugar que trata de contener. La situación de los municipios es más compleja cuando damos el debate por la reforma previsional, porque en los municipios hay salarios muy bajos y precarización laboral. Esto repercute en la jubilación".