El senador por el departamento Villaguay y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Cosso, defendió de manera categórica el anteproyecto alternativo dictaminado por el bloque de senadores justicialistas para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones de Entre Ríos.
Frente a la propuesta de emergencia y recortes directos enviada por el Poder Ejecutivo, el legislador provincial aseguró que la iniciativa de la oposición demuestra la viabilidad técnica de sanear las cuentas públicas sin vulnerar las conquistas laborales de los sectores activos y pasivos entrerrianos. El dictamen es el resultado de una ronda de consultas que incluyó las posiciones de especialistas, representantes sindicales y organizaciones vinculadas al sistema.
Alternativas financieras frente a las políticas de ajuste
El senador entrerriano enfatizó que la bancada justicialista asumió una responsabilidad institucional que excede la mera oposición discursiva al plan de reformas que impulsa la gestión de Rogelio Frigerio. En ese sentido, puntualizó que la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos debe resolverse mediante la planificación estratégica y no mediante la quita de derechos de los beneficiarios.
“Desde el primer día dijimos que no nos íbamos a limitar a rechazar el proyecto del Gobierno. Elaboramos una propuesta seria, técnicamente fundada y con una mirada de largo plazo. Nuestro objetivo fue demostrar que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin seguir ajustando sobre quienes sostienen la Caja con su trabajo o ya cumplieron toda una vida de aportes”, expresó Cosso.
A diferencia del despacho promovido por el interbloque oficialista de Juntos por Entre Ríos, el dictamen del justicialismo descarta de plano la declaración de la emergencia previsional. En su lugar, el texto opositor institucionaliza herramientas de control y financiamiento genuino, tales como la creación del Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional (FESP), una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad permanente para mejorar la administración general del organismo.
La defensa de los regímenes especiales y el sector docente
Uno de los ejes prioritarios del proyecto del justicialismo radica en la protección de los regímenes especiales, con especial atención en la situación de los trabajadores de la educación, un sector fuertemente movilizado ante las versiones de modificaciones en sus condiciones de retiro.
“Quiero llevar tranquilidad a miles de docentes entrerrianos porque nuestro dictamen respeta plenamente los derechos de quienes hoy están trabajando. Las modificaciones en la edad jubilatoria alcanzan exclusivamente a quienes ingresen al sistema en el futuro. Ningún docente que actualmente está ejerciendo verá modificadas las condiciones con las que planificó su jubilación”, aclaró el legislador por Villaguay.
Cosso contrastó los dos modelos en pugna y remarcó el perjuicio económico implícito que contiene el mensaje gubernamental para quienes ya se retiraron de la actividad laboral: “Nuestro dictamen elimina uno de los aspectos más perjudiciales del proyecto oficial: no obliga a los docentes ni a los demás beneficiarios de regímenes especiales a seguir realizando aportes una vez jubilados. El proyecto del Gobierno sí establece un aporte solidario durante la pasividad hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, lo que significa una reducción adicional de haberes para personas que ya se retiraron después de cumplir toda su carrera laboral”.
Los números del proyecto: haberes, aportes y movilidad
El texto redactado por el bloque del PJ introduce diferencias sustanciales en las fórmulas de cómputo para los futuros beneficios respecto a la iniciativa oficialista. Mientras el Ejecutivo pretende elevar a 35 los años de servicios con aportes requeridos para acceder a la jubilación ordinaria, la propuesta opositora ratifica el piso histórico de 30 años de servicios. Asimismo, el cálculo del haber jubilatorio inicial se estructurará sobre la base de los últimos 120 meses de servicios computables, a diferencia de los 180 meses que estipula el plan del oficialismo, una extensión temporal que, según denunció Cosso, reduce los montos reales de las futuras prestaciones.
En cuanto a la obtención de recursos para mitigar el déficit previsional, el dictamen justicialista evita trasladar una mayor presión contributiva sobre los asalariados comunes del Estado provincial. La estrategia financiera vira el esfuerzo hacia las estructuras jerárquicas del esquema público y la generación de ingresos alternativos.
“En lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes trabajan, proponemos un aporte institucional extraordinario para los cargos políticos de mayores ingresos y creamos el Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, con recursos específicos provenientes de distintas fuentes. Creemos que primero hay que generar nuevos mecanismos de financiamiento antes que seguir pidiendo esfuerzos a los trabajadores”, describió el senador.
Finalmente, el proyecto asegura la defensa de los ingresos reales frente a la escalada inflacionaria mediante una fórmula de movilidad previsional que combina por mitades iguales el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los acuerdos paritarios de los trabajadores activos, garantizando siempre el piso inflacionario para blindar el poder adquisitivo de las clases pasivas de la provincia.